La dictadura militar
de 1976: el endeudamiento externo como mecanismo de dominación.
Una de las modificaciones
importante introducida por el gobierno militar de 1976 en la economía argentina
fue la reforma financiera realizada en 1977. Durante la Industrialización por
Sustitución de Importaciones que duró desde 1930 a 1976 una de las funciones
principales del Banco Central de la República Argentina era regular el sistema
financiero, lo cual implicaba, entre otras cosas, regular la tasa de interés de
la economía.
La reforma financiera introducida por la dictadura militar
implicó la desregulación del sistema
financiero y, por lo tanto, la liberalización de la tasa de interés. Es decir,
la tasa de interés de la economía pasaba a ser fijada por el mercado.
Por otro lado, la reforma financiera prohibía al Banco
Central financiar los déficits públicos como sucedía durante la
industrialización sustitutiva. De esta manera, a partir de dicha reforma el
déficit del Estado empezó a ser financiado en el mercado financiero local y
extranjero. Este fenómeno comenzó a generar el aumento de la deuda pública
interna y externa.
Por otro lado, se produjo un aumento de la tasa de interés
interna, incluso estableciéndose por encima de la tasa de interés
internacional. En efecto, el incremento de la demanda de crédito por parte del
sector público en el sistema financiero local junto con la liberalización de la
tasa de interés interna condujo al aumento de la misma.
Este proceso se unió con otra política económica llevada a
cabo por la dictadura: la liberalización de la cuenta de capital de la balanza
de pagos; permitiendo que el sector privado, específicamente los grandes grupos
económicos, pudieran pedir prestado dinero en el extranjero.
Todas estas modificaciones posibilitaron que el capital
concentrado interno se endeudara en el exterior a una tasa de interés
relativamente más baja para colocarla en el sistema financiero local a una tasa
de interés más elevada, es decir, valorizaban financieramente en el mercado
interno la masa dineraria que pedían prestada en el extranjero. De esta manera,
comenzó a generarse, junto al aumento de la deuda externa pública, el gran
incremento de la deuda externa privada argentina, motorizada por el capital
concentrado interno.
Por último, con posterioridad a la crisis financiera
argentina de 1981 y el estallido de la crisis mexicana al declarar la moratoria
de su deuda externa en 1982, se estatizó la deuda externa privada. De esta
manera, la deuda externa del sector privado, es decir, la deuda de los grandes
grupos económicos, se transfirió al sector público.
Por ejemplo, se estatizó deuda externa a Celulosa Argentina
por 1.500 millones de dólares, a Cogasco
por 1.350 millones, a Autopistas Urbanas por 950 millones de dólares, a Pérez
Companc 910 millones, a Acindar se le estatizó 650 millones de dólares, a
Bridas 600 millones, al Banco de Italia 550 millones de dólares, a Alpargata
470 millones y a Techint 350 millones de dólares. Este
proceso de estatización de la deuda externa privada si bien se inició durante
la dictadura militar, concluyó a fines de la década del ochenta durante el
gobierno de Alfonsín.
Es así como el endeudamiento externo pasó de 8.280 millones
de dólares en 1976 a 45.087 millones de dólares en 1983.
Es importante destacar que fue posible este espectacular
endeudamiento por los cambios internacionales que se habían producido desde
principio de los setenta. La suba del precio del petróleo producida en 1973
tuvo como resultado la aparición de los denominados “petrodólares”, esto es,
los dólares generados por los países petroleros debido al aumento de sus
ganancias y que fueron depositados en su gran mayoría en los bancos de los
países europeos.
Esto generó una expansión enorme
del mercado financiero internacional, con excesiva liquidez y, por lo tanto,
con la necesidad imperiosa por parte de los bancos de prestar dicha cantidad de
dinero. De esta manera, los grandes bancos receptores de estos “petrodólares”,
ávidos de obtener nuevas plazas de colocación, se vieron atraídos por los
países subdesarrollados, generando una importante cantidad de préstamos
ofrecidos a estos países, especialmente a los países de América Latina, con
bajas tasas de interés.
La consecuencia inmediata de este proceso fue el abrupto
aumento de la deuda externa Latinoamericana, y particularmente como vimos de la
deuda externa argentina, a partir de mediados de los años setenta y como
resultado de la gran competencia de los bancos internacionales para colocar su
mayor capacidad prestable. Aprovechando, además, el relajamiento en el control
y regulación de los mercados financieros internacionales y teniendo presente la
crisis de los países centrales a principio de la década del setenta que había
generado una caída en la demanda de crédito de los países desarrollados,
obligando a los bancos a buscar nuevos clientes en los países periféricos.
En este contexto internacional fue que se produjo el gran
incremento de la deuda externa en la región de América Latina. En 1960, la
deuda del continente era de 7.200 millones de dólares mientras que en 1980
dicho monto pasó a ser de 243.000 millones de dólares, lo cual significó que en
este lapso la deuda de Latinoamérica creció el 3.373%.
El fuerte endeudamiento tornó a Latinoamérica, y
específicamente a la argentina, en una región muy vulnerable ante los cambio de
coyuntura de la economía internacional y, sobre todo, de los mercados
financieros. En efecto, se transformaban en países dependientes de sus
acreedores externos y de los organismos financieros internacionales, como por
ejemplo el Fondo Monetario Internacional, al ser los encargados de controlar,
coordinar y negociar la deuda de los distintos países de la región; asumiendo
el papel de intermediarios entre los acreedores y los deudores. Así, estos
organismo internacionales eran los encargados de controlar que los países
deudores cumplieran con las metas pautadas para que, de esta forma, pudieran
pagar sus respectivas deuda externa a sus acreedores.
El
gobierno de Alfonsín: los planes de ajuste estructural recomendado por el Fondo
Monetario Internacional.
El gobierno de Alfonsín recibió
una herencia económica y social muy delicada del gobierno militar: el país se
hallaba en plena recesión y con una desocupación creciente, una inflación de
más del 400%, una enorme deuda externa y sin reservas internacionales. Sin
embargo, el principal problema con el cual se encontró el gobierno radical era
el abultado endeudamiento externo de casi 45.000 millones de dólares que
representaba aproximadamente el 70% del producto y era cinco veces superior a
las exportaciones anuales.
En el plano internacional en
1982 se produjo la crisis de la deuda como resultado de la moratoria mexicana.
Esta crisis fue consecuencia del encarecimiento del crédito internacional a
raíz del intento fallido del presidente Norteamericano Reagan para reducir el
déficit fiscal, lo cual provocó el incremento de la tasa de interés de los
Estados Unidos con el consecuente aumento en las tasas de interés de la deuda
de los países subdesarrollados.
El resultado inmediato de este proceso fue la imposibilidad
de cumplir con los servicios de la deuda por parte de las economías fuertemente
endeudadas en los años anteriores; explotando esta situación con la moratoria
unilateral declarada por México en agosto de 1982, desatando la crisis de la
deuda en el continente Latinoamericano.
Esta crisis generó una permanente negociación entre los
distintos acreedores y los países deudores, con importantes intervenciones de
los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco
Mundial. Estas negociaciones permitieron, en un primer momento, una salida
concertada de la crisis.
Sin embargo, en una segunda etapa sirvieron exclusivamente
para garantizar el cumplimiento del pago de la deuda y sus intereses a los
acreedores por parte de los países deudores. La continuidad de pago se pudo
cumplir a través de políticas de ajustes estructurales llevadas a cabo en todas
las economías de América Latina, con la intención de generar un superávit
primario necesario para pagar dichas deudas. Esto se llevó a cabo a pesar de
todas las consecuencias negativas que estas políticas de ajuste acarreaban para
las sociedades de los países deudores.
El plan de ajuste estructural consistía en la reducción del
gasto público y el aumento de la recaudación tributaria que permitiera al
Estado nacional conseguir un superávit primario con el objetivo de pagar la
deuda externa pública.
Todo esto provocó una imposibilidad de crecimiento de estas
economías con grandes costos sociales y, por lo tanto, con la permanente
amenaza de no poder generar la capacidad de repago de la deuda; verificándose
un circulo vicioso de ajuste seguido por una disminución del crecimiento, caída
de los ingresos tributarios y la necesidad de un nuevo ajuste para cumplir con
los acreedores externos. Estas políticas de ajustes fueron recomendadas y
supervisadas por el Fondo Monetario Internacional.
En este contexto, y siguiendo estas políticas económicas,
se encaminó el gobierno de Alfonsín. Mientras aplicaba políticas de ajuste con
grandes costos sociales para hacer frente a la deuda externa, culminaba el proceso de estatización de la deuda
externa de los grandes grupos económicos que se había iniciado durante la
dictadura militar.
En el gobierno de Alfonsín se intentó llevar adelante una
estrategia de obtener una balanza comercial favorable al mismo tiempo que se
garantizara un superávit fiscal. Ambos objetivos tenían como única meta
conseguir los recursos necesarios para el pago de los intereses de la deuda
externa. En efecto, mientras que con el superávit comercial entraban las
divisas a la economía argentina, con el superávit del sector público se generaban
los saldos en dólares para que el Estado pudiera adquirir las divisas
suficientes para el pago de los compromisos de la deuda.
Sin embargo, la estrategia económica seguida por el
gobierno de Alfonsín fue sumamente recesiva al generar un circulo vicioso. Pues
la reducción del gasto público con el objetivo de conseguir el superávit fiscal
generó una reducción del nivel de actividad económica que si bien permitía la
obtención de una balanza comercial favorable al reducir las importaciones y
aumentar los saldo exportables como resultado de la caída del consumo, generaba
al mismo tiempo una reducción en la recaudación tributaria que obligaba a un
nuevo ajuste del gasto público que permitiera garantizar el superávit fiscal
necesario.
Asimismo durante la década del ochenta se desató nuevas
contradicciones del sector dominante introducidas con el modelo de valorización
financiera entre los empresarios que actuaban en el país y los acreedores
externos. Pues como resultado del fuerte endeudamiento externo generado a
partir de la dictadura militar apareció un nuevo grupo dentro del sector
dominante: los acreedores externos, cuyo único objetivo era cobrar sus deudas y
los cuales se encontraban representados por el Fondo Monetario Internacional.
A fines de los años ochenta se produjo la quiebra del
Estado debido a la imposibilidad de enfrentar las demandas de ambos grupos del
sector dominante. Es decir, el colapso estatal se generó como consecuencia de
no poder seguir pagando los compromisos de la deuda externa a través de las
políticas de ajuste al mismo tiempo que mantener las demandas de los
empresarios que participaban en la economía argentina, como por ejemplo,
continuar con los subsidios implícitos de los regímenes de promoción
industrial, mantener los sobreprecios a los proveedores estatales y enfrentar
los intereses de la deuda interna.
Esta situación condujo en 1988 a la argentina a una
moratoria externa de hecho, suspendiendo los pagos de la deuda externa.
Demostrando, de esta manera, que las políticas económicas implementadas desde
el Estado a fines de la década del ochenta se encontraban fuertemente
influenciadas por los empresarios, consiguiendo que los acreedores externos,
quienes presionaban a través de los organismos internacionales como el Fondo Monetario
Internacional, alcanzaran solamente una participación secundaria en la
redistribución del excedente generado internamente.
Sin embargo, la moratoria externa declarada por el gobierno
radical produjo el estallido hiperinflacionario; pues son los bancos
extranjeros, que eran parte de los acreedores externos y que se habían visto
perjudicados por el default declarado por el Estado argentino, los que
iniciaron la “corrida” en el mercado cambiario en febrero de 1989 desatando la
primera crisis hiperinflacionaria que terminaría anticipadamente con el
gobierno de Alfonsín.
El
gobierno de Menem: la aplicación del Consenso de Washington.
Las políticas iniciada por el gobierno de Menem a principio
de la década del noventa formaron parte de la aplicación de un shock
institucional neoliberal que generó profundas transformaciones estructurales en
la economía y la sociedad argentina. Este programa neoliberal se enmarcó en el
denominado Consenso de Washington.
En
efecto, hacia fines de los años ochenta y principios de los noventa el Banco
Mundial y el Fondo Monetario Internacional produjeron, a partir de los
fundamentos neoliberales, un conjunto de propuestas de política económica que
fueron sistematizadas bajo la denominación del Consenso de Washington; estableciendo
un conjunto de instrumentos de políticas destinadas a resolver los problemas de
inestabilidad de las economías latinoamericanas.
De estas reuniones se elaboró un plan económico para los
países en desarrollo con el objetivo de que puedan acceder al crédito
internacional y retomar un sendero de crecimiento económico que al mismo tiempo
les permita regularizar el tema de la deuda externa.
El Consenso de Washington implicaba una fuerte disciplina
fiscal, lo cual se traducía en un ajuste estructural del gasto público; una
reforma en el sistema tributario basado en los impuestos indirectos,
generalizando el Impuesto al Valor Agregado, que significa la consolidación de
un sistema tributario regresivo; la imposición de una apertura externa a los
bienes y servicios extranjeros junto con una liberalización financiera y un
programa de privatizaciones y desregulación de los mercados.
Con el gobierno de Menem se
llevaron a cabo la mayor parte de las políticas económicas recomendadas por el
Consenso de Washington elaboradas por los organismos internacionales. Estas
políticas neoliberales fueron complementadas con el modelo de Convertibilidad.
-
La desindustrialización de la
economía argentina y el aumento de la simplificación productiva: el sector financiero durante el régimen
convertible continuó siendo el eje ordenador de los recursos de la economía
argentina, desplazando nuevamente de esta función a la actividad industrial;
dejando de ser el sector manufacturero el propulsor y dinamizador del resto de
las actividades económicas tanto en términos productivos como en la creación de
puestos de trabajo. Una de las consecuencias inevitables fue, entonces, un
fuerte proceso de desindustrialización de la economía argentina. En segundo
lugar, se incrementó el proceso de “simplificación productiva” con un creciente
avance hacia actividades inferiores que no requieren un importante desarrollo
desde el punto de vista tecnológico.
-
Primarización de las exportaciones y el auge importador de bienes
industriales: este proceso de desindustrialización y de simplificación productiva
sufrido por la economía argentina se vio reflejado en la evolución del comercio
internacional. En primer lugar, a través de la primarización y la reducción del
valor agregado, incluso de los productos industriales, de las ventas al
extranjero realizadas por la economía argentina. En segundo lugar, como
resultado del boom importador sobre todo con un fuerte componente de productos
fabriles que terminaron sustituyendo a la producción nacional.
-
El aumento de la concentración económica: se produjo una profundización de la concentración económica, siendo
las grandes empresas las únicas que se beneficiaron durante el Plan de
Convertibilidad en términos de venta y nivel de utilidades. De esta manera, una de las
contracara de dicho proceso de concentración económica fue la evolución
negativa de las pequeñas y medianas empresas. El proceso de concentración
económica puso en evidencia el impacto asimétrico y regresivo de las políticas
económicas encaradas a principio de los años noventa.
-
El aumento de la deuda externa y
la fuga de capitales: con el Plan de Convertibilidad se consolidó el modelo de
valorización financiera lo cual implicó un incremento de la deuda externa
pública y privada, siendo la contracara el crecimiento de la fuga de capitales
al exterior. Nuevamente la valorización financiera fue encabezada por los
grandes grupos económicos quienes se beneficiaron del endeudamiento externo y
la transferencia de recursos al exterior.
-
La persistencia del déficit
fiscal y el aumento de la deuda pública: durante este período persistió el déficit del
sector público a pesar del programa de privatizaciones llevado a cabo durante
la década del noventa. Durante este modelo económico se reemplazó la emisión
monetaria por el aumento de la deuda pública para financiar los desequilibrios
del Estado, sobre todo el endeudamiento externo con el objetivo de sostener la
paridad cambiaria.
-
El aumento de la extranjerización
de la economía argentina: con el modelo de Convertibilidad se expandió la
extranjerización de la economía argentina con fuertes repercusiones negativas,
como por ejemplo la escasa contribución a la formación de capital debido al
predominio de la inversión extranjera vía fusiones y adquisiciones, el
desplazamiento sobre las inversiones de las firmas locales, la contribución al
deterioro de la cuenta corriente de la balanza de pagos debido a su tendencias
a experimentar déficit comercial y el incremento de la remisión de utilidades y
dividendos y la tendencia a profundizar
el perfil exportador de la economía argentina en bienes primarios.
-
El incremento de la exclusión social: durante este período se profundizó la
exclusión social verificada en el aumento del desempleo, subempleo,
sobreocupación, los trabajos no registrados, la expansión de la pobreza y de la
indigencia y el aumento de la concentración del ingreso.
De nuevo, las consecuencias más
relevantes de las políticas económicas aplicadas por la dictadura militar y que
se legitimaron durante el gobierno de Alfonsín fueron profundizadas en los años
noventa con el régimen de Convertibilidad. En este sentido, el régimen
convertible significó una continuidad y profundización del modelo económico
instaurado a mediados de la década del setenta.
Estas consecuencias demuestran
el fracaso de las recetas implementadas por el Consenso de Washington impuestas
por el Fondo Monetario Internacional.
El gobierno de Fernando De la Rua: el fin del
Modelo de Convertibilidad.
El 10 de diciembre de
1999 asumía como presidente de la Argentina el Dr. Fernando de la Rua como
resultado de la conformación de la Alianza entre la Unión Cívica Radical y el FREPASO
(Frente Grande, País y el socialismo) encabeza por Carlos “Chacho” Alvarez. El
gobierno de la Alianza mantuvo, e incluso profundizó los fundamentos del modelo
económico establecidos por el gobierno de Menem.
De esta manera, el
gobierno terminó beneficiando a los
actores económicos más concentrados de la economía argentina, nacionales y
extranjeros, en detrimento de los sectores populares que vieron perjudicada aún
más su situación social. En efecto, durante el gobierno de la Alianza empeoró
la distribución del ingreso, el desempleo, subempleo, trabajadores en “negro”,
pobreza e indigencia. En otras palabras, el gobierno de la Alianza fue
enteramente funcional a los sectores dominantes deteriorando la situación
económica y social de la clase trabajadora en particular y de los sectores de
bajos ingresos en general.
Este fenómeno se vio
claramente reflejado en la nueva ley de reforma laboral impulsada por el
gobierno y finalmente sancionada por el Congreso de la Nación. En la misma se
extendió el período de prueba, se abarató el costo laboral de los nuevos
trabajadores y se estableció la obligación de renegociar todos los convenios de
trabajo que existían en ese momento beneficiando de esta forma a los
empresarios y cumpliendo con una de las exigencias del Fondo Monetario
Internacional.
En este contexto
nacional se produjo el fin de la Convertibilidad iniciado durante la década del
noventa. Cuando Fernando de la Rua asumió la presidencia de la Nación la
economía argentina estaba atravesando una fuerte recesión iniciada a mediados
de 1998. La salida de la Convertibilidad era obvia para muchos actores
económicos y sociales, menos para el gobierno de la Alianza.
El modelo de Convertibilidad se sostuvo durante
todo el gobierno de la Alianza gracias al endeudamiento externo del sector
público, mientras que los grandes grupos económicos comenzaron a fugar su
dinero al extranjero. Como dicha fuga era mayor al endeudamiento externo
público se empezó a generar una disminución de las reservas del Banco Central de la Republica Argentina,
lo cual producía dentro de la lógica del modelo de Convertibilidad una fuerte
caída de la base monetaria profundizando aún más la recesión económica,
principalmente como consecuencia de la disminución del consumo. En este contexto
entonces la única forma de aminorar la restricción monetaria era a través del
endeudamiento externo del Estado para generar el ingreso de divisas.
Sin embargo, en esta dinámica se produjo un círculo vicioso
que conduciría al fin del modelo de Convertibilidad profundizando la crisis
económica y social. En efecto, los ingresos de divisas a través del crecimiento
de la deuda pública externa eran automáticamente absorbidos por los grandes
grupos económicos que los enviaban al extranjero a través de la fuga de
capitales. Asimismo esto generaba un incremento de las tasa de interés de los
préstamos, lo cual implicaba que el costo de financiamiento de la deuda pública
externa era cada vez mayor. Este circulo vicioso ponía en evidencia la
inviabilidad del modelo de Convertibilidad reflejado en el aumento permanente
del riesgo país.
El fin del modelo al
concluir el 2001 profundizó la crisis económica que venía arrastrando la
economía argentina desde mediados de 1998, agravando al mismo tiempo la crisis
social al incrementarse la pobreza, el desempleo y empeorando la desigualdad en
la distribución del ingreso.
En el 2001 la economía argentina verificó la crisis
económica y social más importante de su historia, generada fundamentalmente por
la aplicación de los planes económicos exigidos por el Fondo Monetario
Internacional.
Conclusión
final:
Cuando se analiza la trayectoria seguida por la economía
argentina desde mediados de la década del setenta hasta el 2001 se vislumbra
claramente el objetivo a largo plazo del Fondo Monetario Internacional en
representación de los sectores dominantes nacionales y extranjeros.
En efecto, el camino comenzó con la
reforma financiera introducida por Martinez de Hoz que implicaba, entre otras
cosas, la prohibición al Banco Central para financiar los déficits públicos. A
partir de esta medida, se generó la necesidad por parte del Estado nacional de
endeudarse para financiar sus déficits. Como resultado de la escasez de
capitales domésticos, el Estado nacional debió recurrir a la deuda externa,
colocando bonos en el mercado financiero internacional. Una vez que el proceso
de endeudamiento se encontraba en marcha, la prioridad pasó a ser el de
alimentarlo al mismo tiempo que cobrar intereses y comisiones.
A partir de este momento, comenzó a
ser fundamental obligar al Estado la aplicación de todas las medidas necesarias
para garantizar el pago de los servicios de la deuda. En este sentido, el Fondo
Monetario Internacional se transformó en la institución imprescindible para
vigilar, fiscalizar y garantizar el pago de la deuda externa por parte del
Estado argentino.
De esta forma, los distintos
paquetes del organismo internacional exigidos a la Argentina como contrapartida
de ayuda financiera se centraron desde la reducción del gasto público que no
corresponde al pago de la deuda externa a transformaciones estructurales como
el programa de privatizaciones.
Por lo tanto, este organismo internacional a partir de la
década del ochenta, y utilizando como condicionante el fuerte endeudamiento
externo generado durante la dictadura militar, ha intervenido en forma
creciente en la aplicación de diferentes políticas económicas funcionales a los
sectores dominantes, internos y externos, en detrimento de los sectores medios
y populares a cambio de la posibilidad de acceder al financiamiento externo.
En este sentido, el pago de la deuda
externa al Fondo Monetario Internacional por parte del gobierno de Kirchner
significa algo más que el proceso de desendeudamiento del Estado Nacional.
Efectivamente, significa liberarse de una institución que a través de sus
exigencias, en sintonía con los grupos dominantes, era un impedimento para el
desarrollo social y económico del país.
Bibliografía:
Bleger, Leonardo;
“Argentina, laboratorio de la financiarización de las economías en desarrollo” en La economía argentina y su
crisis (1976-2001). Visiones institucionales y regulacionistas, Boyer, Robert y
Neffa, Julio (coordinadores), 2004.
Brenta, Noemí y Rapoport, Mario; “El FMI y la Argentina
en los noventa: de la hipeinflación a la Hiperdesocupación” en Los guardianes
del dinero. Las políticas del FMI en la Argentina, Naúm Minsburg coordinador
Lanata, Jorge; “Argentinos. Siglo XX: desde Yrigoyen hasta la caída de
De La Rua”; Ediciones B Grupo Z, Buenos Aires, 2003.
Minsburg, Naúm; “La
alianza entre el estabishment local y el FMI” en Los guardianes del dinero. Las políticas del
FMI en la Argentina, Naúm Minsburg coordinador
Rapoport, Mario;
“Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2000)”, Ediciones
Macchi, Buenos Aires, Argentina, 2000.
