Inversión Pública y Desarrollo
Andrés Quintana GEENaP Formosa
Buenos Aires Económico, Jueves 15 de Abril de 2010.

La inversión pública en infraestructura: debemos preguntarnos si es necesaria la inversión pública en infraestructura para el desarrollo económico y social. La mencionada inversión en infraestructura forma parte justamente de un concepto más amplio que es el de la inversión pública. Se ha discutido mucho tanto desde el punto de vista teórico como de los resultados de la práctica de la política económica la función de la inversión pública en el desarrollo.
Las pruebas empíricas han demostrado que haber aplicado el consenso de Washington en los países latinoamericanos con distintos niveles o gradaciones, ha reducido el desarrollo de largo plazo de la región (traducido fundamentalmente en aumento de la pobreza, dada la caída en la inversión en agua potable, comunicaciones, salud, educación, vivienda, etc.).
El Consenso de Washington entre uno de sus postulados mencionaba la necesidad de reducir el gasto público sin diferenciar entre gasto corriente e inversión pública, con el supuesto objetivo de generar, desde el frente fiscal, los recursos para hacer frente al pago de la deuda externa.
Está demostrado que la disponibilidad de agua reduce en un 55% la probabilidad de mortalidad infantil, y los caminos pavimentados aumentan significativamente la asistencia escolar, además del aumento del producto bruto. Estudios recientes en América Latina han comprobado que la falta de inversión pública en infraestructura en la década de los 90, ha reducido el aumento del PBI entre 1 y 3% por año dependiendo del país de que se trate. Así en nuestro país, Brasil y Bolivia se redujeron las tasas de crecimiento del PBI en un 3% por año. En tanto que en Chile, México y Perú la tasa de aumento del PBI se redujo entre el 1,5 y el 2%.
Además, se ha demostrado que la falta de inversión pública en infraestructura es responsable de la caída del ingreso per cápita de largo plazo en un 40%. 
En tal sentido, a nivel de mandatarios latinoamericanos es por todos conocidos el pedido realizado por el ex presidente Kirchner y el Presidente Lula Da Silva al FMI, de modificar la matriz contable que considera como gasto, y no como inversión, a los proyectos de infraestructura y gasto social,  de modo que no se vean afectados por el pago del endeudamiento externo. Es decir, ni más ni menos que no se vea a la inversión pública en general (caminos, viviendas, energía, telecomunicaciones, hospitales, escuelas, educación, salud, etc. ) como gasto corriente. Fruto de este pedido, en primer término Teresa Ter Minsassian y luego A. Krueguer, han reconocido los efectos benéficos de la inversión pública. Sin embargo, han considerado que aun falta consenso internacional.
Mientras tanto, el FMI sigue computando la inversión pública como un gasto sujeto a reducción para el pago de la deuda y la oposición política argentina sigue sin entender que la inversión pública no sólo ayuda a generar aumento del PBI, sino también a reducir la desocupación y la pobreza.
Inversión pública en infraestructura y desarrollo regional: por lo tanto, no es casual que las regiones que históricamente han sido postergadas por el gobierno central en materia de inversión en infraestructura (situación esta que comenzó a revertirse a partir del año 2003 con la asunción del Dr. Kirchner y que continua con la Presidente Dra. Fernández) tengan los menores niveles de PBI.
Estas diferencias de PBI (como indicador de desarrollo) como una característica aun vigente en nuestro país es precisamente producto de una inadecuada distribución de la inversión en infraestructura que se manifiesta en la concentración de la renta.
Así por ejemplo, sólo cinco jurisdicciones concentran el 79% del Producto Bruto Geográfico (PBG). Estas jurisdicciones son la provincia de Buenos Aires que concentra el 34,15% de la renta o producto, lo que traducido a cifras representa $390.676 millones, le sigue la ciudad autónoma de Bs As, que capta el 25,67% de la renta generada en el país, es decir $293.665 millones, Córdoba que capta el 7,26% del total de la renta generada en el país, o sea $ 83.054 millones, Santa Fe capta el 7,24% del total de la renta generada, que equivale a $82.826 millones y Mendoza que capta el 4,25% de la renta total, que equivale a los $48.620 millones. Entre estas cinco jurisdicciones captan rentas por $898.841 millones, es decir como ya mencionáramos el 79% del total de la renta generada en el país. El resto de las jurisdicciones captan $245.150 millones, esto es, el 21% del total de la renta.
Si comparamos el PBI estimado para el año 2009 con la población total proyectada para igual año, el ingreso o producto per cápita del 2009 habría llegado a los $28.504,21.
Ahora bien, si tomamos el PBG (Producto Bruto Geográfico) de las cinco jurisdicciones mencionadas y la distribuimos entre cada uno de los habitantes que las conforman, el ingreso per cápita llega en el año 2009 a los $33.395,3.
Si realizamos igual procedimiento pero para el resto de las jurisdicciones que capta el 21% de la renta total generada en el país y la distribuimos entre el total de habitantes de estas, el ingreso per cápita llega a los $18.545,63 para el año 2009.
Esto significa que si comparamos el ingreso per cápita de las provincias más ricas del país contra el promedio del país, el  mismo es $4.891 pesos superior a dicho promedio. Sin embargo, si comparamos el ingreso per cápita de estas jurisdicciones contra las que captan el 21% de la renta, la diferencia es de $14.849,67 pesos por habitante.
 Vemos por lo tanto como los distintos grados de desarrollo de las provincias y las regiones se vinculan con la inversión en infraestructura.
El Fondo Federal Solidario: la visión del gobierno nacional respecto al rol preponderante de la inversión en infraestructura condujo al mismo a coparticipar un recurso que constitucionalmente corresponde a Nación (art. 4 C.N.), como son los derechos de exportación, en este caso al de la soja.
Este recurso que a partir del mes de abril del año 2009, comenzó a ser recibido por las 24 jurisdicciones del país, se viabilizó a través del llamado Fondo Federal Solidario, con el cual precisamente se pretendía continuar subsanando la deuda hacia las regiones y provincias de menor desarrollo relativo justamente por carencias en materia de obras públicas en infraestructura. En este sentido, el decreto en su artículo 1 menciona que los recursos del fondo se destinaran a financiar en las provincias y municipios la mejora de la infraestructura de salud, de educación, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales.
En el marco de la distribución por zonas geográficas, la zona que mayor coparticipación recibe de las retenciones a la soja es la Pampeana ya que del total transferido a las 24 jurisdicciones capta el 47,33%, le sigue la región NOA con el 19,69%, la región NEA con el 15,12%, Cuyo con el 9,49% y La Patagonia con el 8,36%. La redistribución de la renta espacial o territorial queda patentizada en estos guarismos dado que la región que ha sufrido históricamente las mayores postergaciones han sido las del NEA y NOA que conforman el Norte grande.
La única manera que un sistema político comprometido intente resolver estas gigantes asimetrías, producto de decisiones centralistas que postergaron a varias provincias argentinas, es a través de la inversión pública, y el Fondo Federal Solidario se orienta en ese sentido. Otra forma es a través de la redistribución del crédito, no sólo del consumo hacia la producción sino también desde la pampa húmeda a las regiones postergadas del país, como por ejemplo con mas sucursales de los bancos en la regiones más postergadas, y con un conjunto de herramientas de política económica que profundicen y consoliden el camino iniciado en el año 2003.
La redistribución de la renta y la inversión pública en infraestructura son dos componentes esenciales que deben marchar de la mano para paulatinamente ir generando las condiciones para el desarrollo equilibrado entre las distintas regiones del país.