EL PROGRAMA DE PRIVATIZACIONES EN LA ARGENTINA: OBJETIVO Y CONSECUENCIAS
Juan Santiago Fraschina
publicado en
La revista Argentina de Economia y Ciencias Sociales,
Volumen X, Nº 15 Año 2006
______________________________________________________________________________
1) INTRODUCCIÓN:
A partir de la dictadura militar de 1976 se produjeron cambios
sociales, políticos y económicos en
la Argentina. Con
las
políticas económicas implementadas por esta dictadura se interrumpió el patrón
de industrialización sustitutiva iniciado en 1930, cuyo objetivo principal era
el proceso de industrialización de la economía argentina.
Desde 1930 hasta 1976 se desarrolló en
la Argentina
el modelo de
Industrialización por Sustitución de Importaciones (I.S.I.); en el cual las
distintas políticas económicas, más allá de sus particularidades y diferencias,
tenían en líneas generales como objetivo central incrementar el proceso de
industrialización del país. En otras palabras, la industrialización en este
modelo de acumulación constituyó el objetivo común y permanente de las
políticas económicas, siendo la protección arancelaria, el privilegio fiscal y
el crédito subsidiado los principales instrumentos de las políticas para dicho
fin.
De esta manera, desde 1930 hasta 1976 se genero un mecanismo de transferencia
de recursos hacia el sector industrial.
Con la dictadura militar de 1976 se interrumpe
dicho modelo de y se construyo un nuevo modelo de acumulación: el sistema de
valorización financiera. Este nuevo modelo produjo profundas modificaciones de
la situación imperante en
la
Argentina
hasta ese momento.
El programa económico aplicado por la dictadura
militar produjo una reversión completa de las políticas implementadas hasta ese
momento, condenando los instrumentos utilizados en la industrialización
sustitutiva y proponiéndose como objetivos la apertura de la economía, la libre
operación de los mercados de capitales, la desregulación de los diferentes
mercados y un proceso de privatizaciones; dando por finalizado la
industrialización como objetivo de las políticas económicas.
Este nuevo modelo de acumulación trajo variadas
consecuencias para la economía argentina, entre las cuales podemos destacar la
concentración económica, la consolidación de un nuevo poder económico, el
crecimiento abrupto de la deuda externa, el incremento de la fuga de capitales
como contracara del endeudamiento externo y, por ultimo, un proceso de
desindustrialización de la economía argentina.
También a partir de 1976 aparecieron nuevas
contradicciones entre las distintas fracciones del sector dominante. Las
diferentes crisis que se originaron a partir de la dictadura militar, incluso
con el retorno de la democracia en 1983 donde se legitima y profundiza el
modelo de valorización financiera, fueron justamente consecuencias de estas
pugnas; aunque la resolución de dichas crisis tuvieron siempre la misma
consecuencia, es decir, un nuevo proceso de concentración del ingreso.
Un ejemplo de estas crisis fue la hiperinflación
a fines de la década del ochenta, en la cual se había planteado la
contradicción entre los acreedores externos, que reclamaban el pago de la deuda
externa, y los empresarios locales, que presionaban por la permanencia de los
subsidios implícitos de los regímenes de promoción industrial, mantener los
sobreprecios a los proveedores estatales y enfrentar los intereses de la deuda
interna.
La resolución de esta crisis hiperinflacionaria
se produjo en el gobierno de Menem por medio de un nuevo proceso de
transferencia de recursos a los sectores dominantes principalmente a través de
una nueva concentración del ingreso, básicamente como consecuencia del aumento
abrupto del desempleo; la privatización del sistema jubilatorio, la reducción
de diversos aportes patronales y, por último, el tema de este trabajo, el
programa de privatización de las empresas públicas.
La política de privatización iniciada por el
gobierno de Menem a principio de la década del noventa formo parte de la
aplicación de un shock institucional neoliberal que generó profundas
transformaciones estructurales en la economía y la sociedad argentina. Este
programa neoliberal, que se enmarcó en el denominado Consenso de Washington,
retomó los ejes estratégicos del gobierno militar, como por ejemplo, la
subrogación del Estado, la conformación de un régimen de acumulación
excluyente, la consolidación hegemónica de un grupo reducido de empresarios,
nacionales y extranjeros, y la valorización financiera como eje ordenador de la
economía.
En este sentido el programa de privatización de
empresas públicas constituyó uno de los factores fundamentales del shock
neoliberal. En este trabajo se analizarán los distintos impactos y
consecuencias de la transferencia de las empresas públicas al sector privado a
principio de los años noventa, es decir, al inicio del gobierno de Menem.
2) OBJETIVO DE LAS PRIVATIZACIONES:
La década del ochenta finalizó con una crisis
hiperinflacionaria, desatada por las nuevas contradicciones del sector
dominante introducidas con el modelo de valorización financiera entre los
empresarios que actuaban en el país y los acreedores externos. Como resultado
del fuerte endeudamiento externo generado a partir de la dictadura militar
apareció un nuevo grupo dentro del sector dominante: los acreedores externos,
cuyo único objetivo era cobrar sus deudas.
A fines de los años ochenta se produjo la quiebra
del Estado debido a la imposibilidad de enfrentar las demandas de ambos grupos.
Es decir, el colapso estatal se generó como consecuencia de no poder seguir
pagando los compromisos de la deuda externa a través de las políticas de ajuste
al mismo tiempo que mantener las demandas de los empresarios que participaban
en la economía argentina, como por ejemplo, continuar con los subsidios
implícitos de los regímenes de promoción industrial, mantener los sobreprecios
a los proveedores estatales y enfrentar los intereses de la deuda interna.
Esta situación condujo a
la Argentina
en
1988 a
una moratoria externa
de hecho, suspendiendo los pagos de la deuda externa. De esta manera, se demostró que las políticas económicas
implementadas desde el Estado a fines de la década del ochenta se encontraban
fuertemente influenciadas por los empresarios, consiguiendo que los acreedores
externos, quienes presionaban a través de los organismos internacionales como
el F.M.I., alcanzaran solamente una participación secundaria en la
redistribución del excedente generado internamente.
Sin embargo, la moratoria externa declarada por
el gobierno radical produjo el estallido hiperinflacionario; pues fueron los
bancos extranjeros, que eran parte de los acreedores externos y que se habían
visto perjudicados por el default declarado por el estado argentino, los que
iniciaron la “corrida” en el mercado cambiario en febrero de 1989 desatando la
primera crisis hiperinflacionaria que terminaría anticipadamente con el
gobierno de Alfonsín.
El gobierno de Menem resolvió las contradicciones entre las
diferentes fracciones de la clase dominante que nos había llevado a la crisis hiperinflacionaria a través de
diversas políticas que beneficiaron a los grupos económicos y a los acreedores
externos, y que perjudicaron a los sectores populares.
En primer lugar, por medio de una nueva
concentración del ingreso, principalmente como consecuencia del aumento inédito
en la tasa de desocupación. Es decir, la contrapartida a la consolidación de
las distintas fracciones de la clase dominante fue la crisis del mercado de
trabajo producida durante los años noventa, cristalizada en el aumento del
desempleo, la subocupación y los trabajos precarios, lo cual tuvo una enorme
repercusión en el fuerte incremento de la pobreza, la indigencia, la
marginación de amplios sectores de la población y la reducción del salario real
promedio.
De esta manera se generó un nuevo avance del
capital sobre el trabajo, el cual estaba estrechamente relacionado con las
políticas económicas implementadas, como las privatizaciones, la apertura
económica, la desregulación de los mercados (principalmente del mercado de
trabajo) y el consecuente proceso de desindustrialización de la economía
argentina.
En segundo lugar, la privatización del sistema
jubilatorio y su transferencia a las Aseguradoras de Fondos y Jubilaciones de
Pensión (A.F.J.P.) y la reducción de diversos aportes patronales también constituyeron grandes transferencias de recursos al sector dominante
local y, además, generaron un gran incremento en los déficits fiscales al
provocar un fuerte impacto negativo sobre los ingresos del Estado.
Entre 1994 y 2000, los recursos fiscales
transferidos al capital concentrado local por parte del sector público mediante
la reducción de los aportes patronales alcanzaron a 16.057 millones de pesos,
que sumados a los recursos transferidos a través de las restantes reducciones
vinculadas con el mercado de trabajo, como por ejemplo, los aportes al sistema
de obras sociales, el monto ascendió a 29.960 millones de pesos. Para obtener
la totalidad de recursos que el Estado transfirió durante este periodo a los
grupos dominantes locales le debemos sumar los aportes jubilatorios
transferidos por el Estado a las A.F.J.P., totalizando un monto de 52.332
millones de pesos transferidos entre 1994 y 2000.
Esta cifra es considerablemente mayor a los ingresos
recibidos por el Estado a través de las privatizaciones de las empresas
públicas. Dicho ingreso ascendió a 7.457 millones de pesos entre los años 1994
y 2000 y a 26.810 millones de pesos entre los años 1991 y 2000, comparación que
permite remarcar la significación de los montos transferidos al sector
dominante local mediante la reducción de los aportes patronales y la
privatización del sistema jubilatorio, ya que estas transferencias
representaron el 602% de los ingresos recibidos por el sector público por medio
de las privatizaciones entre 1994 y 2000 y el 95% más elevado que los ingresos
percibidos por el Estado por ese mismo concepto entre 1991 y 2000.
Analizando el déficit fiscal acumulado
efectivamente registrado desde
1994
a
2000 el monto fue de 54.615 millones de pesos, es
decir, el 2,8% del P.B.I.. Sin embargo, si el Estado hubiera percibido los
ingresos transferidos al sector dominante local a través de la reducción de los
aportes patronales y la privatización del sistema jubilatorio, el monto del
déficit público hubiera sido de 2.282 millones de pesos, es decir, el 0,5% del
P.B.I..
Estas cifras nos muestran claramente que el problema del déficit fiscal y, por
lo tanto, la necesidad del endeudamiento público fue una consecuencia de las
transferencias de ingresos por parte del Estado a la fracción dominante local.
En tercer lugar, y el tema que nos interesa en
este trabajo, las privatizaciones llevadas a cabo en los años noventa fueron
fundamentales para aminorar las contradicciones entre las diferentes fracciones
del sector dominante al beneficiarse tanto los acreedores externos como los
grupos económicos que actuaban en el país, quienes conformaron una “comunidad
de negocios” alrededor de las empresas estatales privatizadas.
A principio de la década del noventa se
produjeron dos procesos estrechamente relacionados entre sí que fueron las
privatizaciones y la aparición de las asociaciones que se hicieron cargo de las
empresas estatales.
En la propiedad de estas nuevas asociaciones
convergieron: por un lado, grupos económicos locales y conglomerados
extranjeros que ya eran importantes en la década del ochenta y, por el otro,
capital extranjero que iniciaban su actividad en la economía argentina en los
años noventa.
Por tal motivo, uno de los fenómenos más
relevante de los primeros años de esta década fue el proceso de privatización
de las empresas públicas que dieron lugar a la conformación de una serie de
consorcios, en los cuales participaron las diferentes fracciones de los grupos
dominantes, que se van a convertir en las empresas de mayor facturación y
rentabilidad de la economía argentina y que, por lo tanto, cumplían un papel
fundamental para disminuir las contradicciones en el sector dominante.
En otras palabras, para los acreedores externos
las privatizaciones permitieron restablecer el pago de los servicios de la
deuda externa a través de la implementación de un mecanismo de capitalización
de los títulos de la deuda en la transferencia de las empresas públicas. Por
otra parte, para los grupos económicos locales y los conglomerados extranjeros
radicados en el país, el proceso de privatizaciones implicó, al participar en
los consorcios adjudicatarios de las empresas públicas, la apertura de nuevos
mercados y áreas de actividad con un reducido riesgo empresarial y altas tasas
de ganancias, en la medida en que se trataba de la transferencia de activos a
ser explotados en mercado mono u oligopolicos con mercados cautivos y marcos
regulatorios deficientes; situación que permitió a las asociaciones imponer sus
intereses en la estructura de precios relativos, garantizándoles una elevada y
creciente rentabilidad.
De esta manera, mediante la privatización de las
empresas estatales, pudieron converger los intereses de los acreedores externos
y del capital concentrado interno y las contradicciones de la década del
ochenta se transformaron en un circulo “virtuoso” de asociación y convergencia
de las distintas fracciones del sector dominante.
Como conclusión podemos decir que a pesar que el
conflicto generado por el proceso hiperinflacionario iniciado en 1989 fue entre
los empresarios que actuaban en la economía argentina y los acreedores
externos, en la resolución de esta crisis se vieron afectados tanto los
trabajadores como el aparato estatal, permitiendo mitigar las contradicciones
del sector dominante debido a que tanto en la concentración del ingreso, la
privatización del sistema jubilatorio, la reducción de los aportes patronales
y, por ultimo, con el proceso de privatizaciones de las empresas públicas se
beneficiaron tanto los acreedores externos como el capital concentrado interno.
3) MARCO REGULATORIO Y NORMATIVO DE LAS
PRIVATIZACIONES:
En casi todos los servicios públicos privatizados
en
la Argentina
,
se ha utilizado el sistema de regulación tarifario conocido como de price cap,
o de precio máximo. Este sistema se caracteriza por concentrar la acción
reguladora en los precios máximos que pueden percibir las empresas
privatizadas, que en su gran mayoría eran monopolios u oligopolios, por la
prestación de los servicios.
La metodología utilizada en el sistema de
regulación tarifaría price cap es la siguiente: primero se fija un precio tope
de las tarifas, donde se concentrará el sistema de regulación. Luego a este
precio máximo se lo actualizará en forma periódica por un factor que conjuga
dos variables: la evolución de los precios domésticos (IPD) y el factor de ajuste (X) asociado a la eficiencia empresaria que debe
incluirse restando a la evolución de los precios domésticos. De esta manera, la
formula para la actualización del precio máximo es “IPD-X”, donde X constituye
el coeficiente de eficiencia.
Los objetivos que busca satisfacer el sistema
price cap y que, por lo tanto, lo vuelve en teoría un sistema de regulación
ventajoso son:
a)
Minimizar los requerimientos de información por parte del organismo
regulador y, de esta forma, reducir los problemas que plantean las asimetrías
de información.
b)
Beneficiar a los usuarios al transferirles los aumentos de
productividad de las empresas a través de tarifas reales decrecientes en el
tiempo, reflejado en el factor de eficiencia “X”.
c)
Que la actualización de las tarifas no estén relacionadas con
costos o precios que pueden ser manipulados por las empresas reguladas.
d)
Que las compañías reguladas cuenten con suficientes
incentivos para incrementar su eficiencia microeconómica, debido a que esto
genera beneficios que pueden ser internalizados por las empresas reguladas
hasta que se transfieran a las tarifas en el momento de la actualización. Por
lo tanto, se generaría un circulo virtuoso donde las empresas incrementan su
eficiencia, aumentan temporariamente sus beneficios hasta que se ajusten las
tarifas, lo cual provocaría una reducción de las tarifas a través del factor de
eficiencia “X” beneficiando a los consumidores de dicho servicio, pero
provocando al mismo tiempo nuevos incentivos a las empresas reguladas para
aumentar su eficiencia empresaria para poder internalizar mayores beneficios
que luego desaparecerán con la reducción de tarifas en el momento del nuevo
ajuste.
e)
Los procedimientos de ajuste de las tarifas son relativamente
automáticos sin grandes costos de información y de regulación.
Sin embargo, existen distintos procedimientos a
partir de los cuales se pueden erosionar las distintas ventajas que conlleva
este sistema de regulación tarifaría. En particular, en
la Argentina
se aplicaron
durante la década del noventa varios de estos mecanismos con el objetivo de
beneficiar a la “comunidad de negocios” que se hicieron cargo de las empresas
públicas privatizadas; generándose una creciente distorsión en la estructura de
precios y rentabilidades de la economía argentina a favor de las empresas
privatizadas reguladas, avanzando al mismo tiempo hacia la consolidación
estructural del bloque de poder económico y de un modelo de acumulación
crecientemente concentrador y excluyente.
Entre los “mecanismos desvirtuantes” que se
llevaron adelante en el sistema de regulación tarifaría de las empresas
privatizadas en
la Argentina
podemos mencionar los siguientes:
a)
Uno de los problemas fundamentales en la implementación del price
cap es la determinación del nivel tarifario base a partir del cual comienzan a
aplicarse los posteriores ajustes tarifarios. La característica principal en
las privatizaciones argentinas con respecto a este tema fue la fijación de
tarifas base que les garantizaron desde el inicio a las asociaciones que se
hicieron cargo de las empresas públicas, grandes márgenes de ganancias
permitiéndoles concentrar porciones crecientes del ingreso nacional. Por
ejemplo, en el caso de ENTEL, donde al cabo de los diez meses previos a su
privatización el valor del pulso telefónico se incrementó en dólares
norteamericanos más de siete veces, generó que los precios de partida luego de
la transferencia de las empresas al sector privado fuesen muy elevadas
comparándolas incluso a nivel internacional. Lo importante es que lo sucedido
en el ámbito telefónico no fue un caso aislado, sino más bien el denominador
común en las privatizaciones argentinas. En todas ellas la fijación de precios
topes iniciales garantizaban desde el inicio de la prestación privada del
servicio abultados ingresos por venta y elevadas tasas de ganancias. Por otro
lado, como consecuencia de esto la reducción tarifaría debido a la aplicación
del factor de eficiencia “X” se torno prácticamente insignificante en la
realidad.
b)
Un segundo “mecanismo desvirtuante” en la regulación
tarifaría de tipo price cap para los servicios públicos privatizados durante la
década de los noventa, fue la gran demora para transferir a los usuarios las
ganancias recibidas por las asociaciones que se hicieron cargo de las empresas
públicas como consecuencia de la mayor productividad registrada por las
empresas prestatarias; garantizando, de esta forma, la persistencia temporal de
elevados márgenes de ganancias para los consorcios adjudicatarios, al permitir
la internalización de altas tasas de beneficios por un prolongado periodo de
tiempo. Por ejemplo, en el caso de las telecomunicaciones hasta fines de 1999
no se contempló ningún tipo de revisión tarifaría. En el caso del gas natural
recién después del quinto año de la privatización se realizó la primera
revisión tarifaría. En el caso de la energía eléctrica la primer revisión
tarifaría se tendría que haber realizado a los diez años de la privatización y,
sin embargo, nunca se efectuó. Por lo tanto, podemos concluir que, ante estas
demoras en el traslado a las tarifas de las ganancias conseguidas por la mayor
eficiencia empresaria de las compañías prestatarias, la ventaja del factor “X”
del sistema de regulación price cap fue inexistente o casi nulo.
c)
Podemos mencionar como un tercer “mecanismo desvirtuante” la
aplicación de cláusulas ilegales de ajustes periódicos de las tarifas, como la
utilización de la evolución de precios ajenos a la economía local que poco o
nada reflejan el comportamiento de los costos de las empresas que funcionan en
la economía del país, para actualizar en forma periódica las tarifas. Más
específicamente, esto se trata de la “dolarización” de las tarifas como paso
previo para el establecimiento de cláusulas de indexación de las mismas en
función a la variación del índice de precios al consumidor al mayorista, o una
combinación de ambos, de los Estados Unidos. Este “mecanismo desvirtuante” generó
un doble beneficio para las asociaciones que participaron de las
privatizaciones: ¡) contaron con un seguro de cambio para resguardarse de
cualquier contingencia de la política cambiaria, o dicho de otra manera, sus
ingresos estaban dolarizados y 2) ajustaron
las tarifas teniendo en cuenta los índices de precios estadounidenses cuya
evolución fue mayor que los índices de precios locales. Tomando el periodo de
enero de
1995 a
diciembre de 2001, mientras en
la
Argentina
los precios
mayorista como los minoristas registraron una disminución aproximada del 3%, en
los Estados Unidos el índice de precios al consumidor tuvo un aumento acumulado
de aproximadamente un 18% y los mayoristas crecieron alrededor de un 7%. Por lo
tanto se puede concluir que los ajustes periódicos en las tarifas de los
servicios privatizados durante los años noventa fueron superiores a la
inflación local, que incluso a partir de la segunda mitad de dicha década la
economía argentina se sumergió en un periodo deflacionario. Esta situación implicó
una abrupta transferencia de ingresos hacia los consorcios que adquirieron las
empresas públicas. Se calcula que entre 1999 y 2001 las compañías privatizadas
prestadoras de servicios públicos se apropiaron aproximadamente de 10.000
millones de dólares como resultado de haber ajustado sus tarifas a partir de la
evolución de los índices de precios norteamericanos. De esta manera, se
erosiona la teórica ventaja del sistema de regulación price cap de tarifas
reales decrecientes. Por el contrario, no sólo las tarifas de los servicios
públicos privatizados no fueron decrecientes en términos reales, sino que
además en un contexto macroeconómico como el de la década del noventa de
deflación de precios y salarios, las tarifas se incrementaron fuertemente como
consecuencia de la aplicación de estas cláusulas ilegales mencionados
anteriormente.
d)
Por último, debemos señalar las permanentes y muy poco
transparentes renegociaciones contractuales que se fueron realizando en los
distintos servicios públicos privatizados. Incluso estas renegociaciones
comenzaron poco tiempo después de llevarse a cabo las privatizaciones,
constituyéndose en uno de los rasgos
distintivos del proceso privatizador. En la mayoría de los casos los objetivos
de estas renegociaciones era la alteración de las tarifas a favor de los
consorcios prestatarios de los servicios, modificar los compromisos de
inversión de las empresas (los cuales generalmente nunca fueron cumplidos),
alterar los plazos de las concesiones y/o la introducción de nuevas cláusulas
de ajustes. En este sentido, todas las renegociaciones llevadas a cabo
tendieron a beneficiar a los prestadores de los distintos servicios y en
detrimento de los usuarios, preservando o acrecentando sus elevados ingresos y
sus beneficios extraordinarios.
En síntesis, todos estos “mecanismos
desvirtuantes” al sistema de regulación tarifaría conocido como de price cap
que estuvieron presentes en las privatizaciones argentinas realizadas en los
años noventa demuestra la plena funcionalidad de la regulación pública de los
servicios privatizados para los sectores dominantes que participaron en el
proceso privatizador, entre los cuales encontramos a los grupos económicos
locales pero también a buena parte del capital extranjero, permitiéndoles
consolidarse como el núcleo hegemónico del poder económico en el país.
La debilidad y la precariedad del sistema de
regulación que ha caracterizado a estos procesos de privatización se manifiesta
por la inexistencia o constitución tardía de marcos regulatorios, en el
establecimiento de “precio base” muy elevados, en la demora para trasladar a
las tarifas las ganancias de eficiencia de las compañías prestatarias, la
aplicación de cláusulas ilegales de ajuste periódicos de las tarifas utilizando
los índices de precios norteamericanos y las recurrentes renegociaciones
contractuales que permitieron preservar, o incluso acrecentar, los ingresos de
privilegio de las firmas prestatarias. Esto condujo a que los usuarios
argentinos tuvieran que pagar tarifas sumamente elevadas y que los consorcios
se pudieran apropiar de una cuantiosa masa de beneficios.
De nuevo, se pone de manifiesto la plena
funcionalidad normativa y regulatorio respecto de las firmas prestatarias de
los servicios públicos al generar las condiciones para un contexto operativo de
privilegio, delimitando un nulo riesgo empresario y produciendo condiciones que
aseguraran altas tasas de ganancias de las cuales gozaron las asociaciones
adjudicatarias mencionadas.
4) TARIFAS Y GANANCIAS DE LAS EMPRESAS PRIVATIZADAS:
Luego de las privatizaciones, muchas de las
empresas de servicios públicos incrementaron la productividad y la eficiencia
de las mismas, mejorando incluso la calidad de sus prestaciones, sobre todo si
se las compara con los parámetros evidenciados durante la década del ochenta y
principios de los noventa.
Estos incremento de la productividad de las
empresas de servicios públicos, que implicó además como dijimos una mejora en
la calidad, se tradujo en disminuciones de los costos operativos, pero que, sin
embargo, no se tradujeron en disminución de las tarifas. Por el contrario, los
incrementos de las tarifas estos servicios no reflejó, en la mayoría de los
casos, los importantes incrementos de productividad registrados por las
empresas privatizadas.
En otras palabras, las ganancias de eficiencia de
las compañías prestatarias, como señalamos anteriormente, no se trasladaron a
las tarifas que pagaron los usuarios como prefijaba el coeficiente de
eficiencia “X” en el sistema de regulación tarifario aplicado, es decir, el
mecanismo conocido como price cap.
Por ejemplo, para el periodo comprendido entre
marzo de 1991, cuando se lanza el Plan de Convertibilidad, y diciembre de 1998
la tarifa promedio del gas natural se incremento un 37,3%,
siendo el incremento registrado por la tarifa residencial mayor que el aumento
de las tarifas no residenciales abonadas por los usuarios industriales. .
Es importante destacar que el incremento más
importante de las tarifas del gas se dio antes de la privatización ocurrida en
enero de 1993. En efecto, desde el inicio del Plan de Convertibilidad y la
privatización de la ex gas del Estado, la tarifa promedio del gas aumentó un
30,0%, donde nuevamente la mayor parte del incremento se produjo en las tarifas
residenciales que crecieron en este periodo, es decir, entre marzo de 1991 y
enero de 1993, un 101,2%.
Lo mismo sucedió en el caso del servicio básico
telefónico que entre marzo de 1991 y diciembre de 1998 el incremento del costo
del servicio telefónico fue del 41,5%. Sin embargo, también el aumento más
destacable se produjo antes de la transferencia del servicio público a manos
privadas: entre enero de 1990 y noviembre del mismo año, cuando se efectuó la
privatización de ENTEL, el valor del pulso telefónico, medido en dólares
estadounidense, aumento un 711%, es decir, paso de 0,47 centavos a 3,81
centavos de dólar.
De esta forma, las empresas públicas privatizadas
fueron precisamente las firmas que obtuvieron en forma sistemática los mayores
márgenes de beneficios en la economía argentina.
Cuadro Nº 1: Evolución de la tasa de rentabilidad
sobre ventas de la elite empresaria local (las doscientas empresas de mayor
facturación del país) según el vinculo de las firmas con el proceso de
privatizaciones. 1993-2001 (porcentajes).
|
AÑO
|
Privatizadas
|
Vinculadas a las
privatizaciones**
|
No vinculadas a las
privatizaciones
|
Total
|
1993
|
11,0
|
3,4
|
2,6
|
4,5
|
1994
|
10,5
|
5,3
|
4,1
|
5,6
|
1995
|
12,8
|
9,8
|
2,3
|
5,8
|
1996
|
11,2
|
6,4
|
1,1
|
4,3
|
1997
|
12,2
|
9,2
|
0,8
|
4,7
|
1998
|
10,4
|
6,2
|
0,9
|
3,8
|
1999
|
7,8
|
4,4
|
-0,3
|
2,4
|
2000
|
8,8
|
6,7
|
-1,2
|
2,4
|
2001
|
4,9*
|
5,4
|
-2,3
|
0,5
|
Prom. 93/01
|
9,7
|
6,4
|
0,7
|
3,6
|
* La caída en la rentabilidad de las empresas
privatizadas en el 2001 se explica, fundamentalmente, por las pérdidas que
registró Aerolíneas Argentinas, en el orden de los 392 millones de pesos.
** Se tratan de aquellas firmas que participan
en la propiedad accionaría de algunas de las empresas privatizadas.
|
Fuente: Azpiazu, Daniel; Schorr, Martín “Los impactos
regresivos de las privatizaciones en
la Argentina
: ¿”errores de diseño” o funcionalidad
frente a los intereses del poder económico?” en La economía argentina y su
crisis (1976-2001). Visiones institucionales y regulacionistas, Boyer, Robert
y Neffa, Julio (coordinadores).
|
Como muestra el cuadro Nº 1, las tasas de
rentabilidad sobre venta de las prestadoras privadas de servicios públicos
entre 1993 y 2001 fueron siempre muy superiores a las registradas por el
conjunto de la elite empresaria local y holgadamente superior a la tasa de
rentabilidad sobre venta de aquellas empresas lideres no vinculadas a los
procesos de privatización. En efecto, mientras la tasa promedio de rentabilidad
sobre venta entre 1993 y 2001 para las empresas privatizadas fue de 9,7%, esta
misma tasa promedio para el conjunto de las doscientas empresas de mayor
facturación del país fue 3,6%. Del mismo modo, mientras que la tasa de
rentabilidad sobre venta promedio entre 1993 y 2001 para las empresas
privatizadas fue, como dijimos, del 9,7%, la misma tasa promedio para las
empresas lideres no vinculadas al proceso de privatización fue 0,7%.
Pero además no sólo fue elevado los márgenes de
rentabilidad sobre ventas de las empresas privatizadas durante la década del
noventa, sino que también fueron elevadas las tasas de retorno sobre el
patrimonio neto de estas empresas.
Cuadro Nº 2: Evolución de la rentabilidad de las
empresas privatizadas, 1994-1999 (porcentaje).
|
Sector
|
1994
|
1995
|
1996
|
1997
|
1998
|
1999*
|
Promedio 94-99
|
Rentabilidad/Patrimonio neto
|
17,4
|
17,3
|
14,3
|
15,1
|
14,0
|
14,2
|
15,4
|
Concesiones viales**
|
40,3
|
26,6
|
19,0
|
23,8
|
19,1
|
S/d
|
25,8
|
Gas natural
|
13,7
|
11,8
|
10,1
|
10,5
|
10,2
|
10,3
|
11,1
|
Energía eléctrica
|
-0,4
|
5,8
|
6,9
|
7,5
|
8,3
|
5,5
|
5,6
|
Telecomunicaciones
|
13,3
|
13,5
|
10,3
|
12,4
|
15,1
|
13,3
|
13,0
|
Agua y servicios cloacales
|
20,1
|
28,9
|
25,4
|
21,1
|
17,1
|
27,6
|
23,3
|
Sector
|
1994
|
1995
|
1996
|
1997
|
1998
|
1999*
|
Promedio 94/99
|
Rentabilidad/Ventas
|
11,3
|
13,1
|
12,0
|
12,7
|
11,9
|
12,7
|
12,3
|
Concesiones Viales**
|
11,6
|
9,6
|
7,5
|
9,7
|
9,4
|
S/d
|
9,6
|
Gas natural
|
19,4
|
17,0
|
14,6
|
15,5
|
15,1
|
14,0
|
15,9
|
Energía Eléctrica
|
-0,4
|
7,5
|
8,9
|
9,3
|
10,1
|
6,5
|
7,0
|
Telecomunicaciones
|
17,0
|
16,4
|
13,8
|
15,5
|
13,4
|
12,4
|
14,8
|
Agua y servicios cloacales
|
8,7
|
14,8
|
15,4
|
13,7
|
11,5
|
18,0
|
13,7
|
* La rentabilidad promedio de los sectores seleccionados en el
año 1999 fue calculada excluyendo a los concesionarios viales.
** La rentabilidad promedio corresponde al
quinquenio 1994-1998
|
Fuente: Azpiazu, Daniel; Schorr, Martín “Los impactos
regresivos de las privatizaciones en
la Argentina
: ¿”errores de diseño” o funcionalidad
frente a los intereses del poder económico?” en La economía argentina y su
crisis (1976-2001). Visiones institucionales y regulacionistas, Boyer, Robert
y Neffa, Julio (coordinadores).
|
Como muestra el cuadro N º 2 las empresas
de servicios privatizadas obtuvieron entre 1994 y 1999 una rentabilidad media
sobre patrimonio del orden del 15%; donde en casi todos los sectores, salvo en
la distribución de energía eléctrica, la tasa de rentabilidad media sobre
patrimonio siempre supero el 10%. Estas cifras contrastan con lo sucedido en
las cien empresas más grandes del país, excluyendo las empresas privatizadas,
donde, por ejemplo, la rentabilidad media sobre patrimonio neto en 1999 fue de
3,4%.
Al respecto, es importante agregar que los rasgos
de los mercados involucrados en las empresas privatizadas, es decir, mercados
monopólicos u oligopolicos con demandas cautivas, conllevaban un menor riesgo
empresario que el del resto de las empresas que actúan en el país. Esto
sugeriría que la tasa de ganancias de las empresas privatizadas deberían ser
inferiores al del resto de las empresas no vinculadas con el proceso de
privatizaciones, al tener un mayor riesgo empresario por no poseer, en muchos
casos, las condiciones ventajosas de las privatizadas.
Sin embargo, como vimos, las tasas de
rentabilidad internalizadas por los consorcios adjudicatarios de las empresas
públicas privatizadas fueron superiores a la tasa de ganancia del resto de las
empresas lideres no vinculadas al proceso de privatización. Este hecho depende,
principalmente, como ya se dijo, al entorno normativo y regulatorio en el cual
se desenvolvieron las empresas privatizadas durante la década del noventa, es
decir, al establecimiento de precios base muy elevados, la falta de traslado a
las tarifas de las ganancias obtenidas a través de la mayor eficiencia de las
compañías prestatarias de los servicios públicos privatizados, la aplicación de
cláusulas de ajuste periódicas de las tarifas por medio de los índices de
precios norteamericanos y las permanentes renegociaciones de los contratos a
favor de las privatizadas y en contra de los usuarios.
Incluso, los márgenes de ganancia de las empresas
privatizadas no solo fueron elevados si se los compara con los beneficios del
resto de las empresas que actúan en la economía argentina, sino que también se
observa este mismo hecho si se la compara a nivel internacional.
Por ejemplo, los márgenes de rentabilidad
promedio registrada por Aguas Argentina durante la década del noventa fue de
aproximadamente el 23 % del patrimonio neto y del 14% de sus ventas anuales.
Mientras que en Estados Unidos las tasas de beneficios sobre el patrimonio neto
de las empresas encargadas del agua obtenidas en 1991 fluctuaron entre un
mínimo del 6% y un máximo del 12,5%; en el Reino Unido la tasa de ganancia para
el sector del agua se ubico entre el 6% y el 7% y, por ultimo, en Francia la
tasa de retorno de dicho sector se ubico alrededor del 6%.
Pero lo sucedido con Aguas Argentinas no es un
hecho aislado, sino más bien que se repite de manera sistemática en el resto de
las empresas públicas privatizadas. Lo mismo sucedió con la empresas
telefónicas, donde tanto Telefónica como Telecom. percibieron elevadas tasas de
beneficios, significativamente superiores a las ganancias percibidas por sus
pares internacionales. El margen de rentabilidad sobre ventas de Telefónica de
Argentina y Telecom. Argentina prácticamente triplicaron, en promedio, a la
tasa del grupo de las diez empresas más importantes del mundo en
telecomunicaciones. Por ejemplo, Telefónica de Argentina obtuvo en el periodo
que va desde
1994 a
1999 un margen medio de beneficios sobre renta que prácticamente duplicó al que
obtuvo la casa matriz en España. Esta situación se profundiza al analizar el
caso de Telecom Argentina: la tasa de rentabilidad promedio que obtuvo esta
empresa en
la Argentina
fue más de tres veces superiores a las que registraron en sus respectivos
países de origen sus accionistas mayoritarios, es decir, France Telecom. y
Telecom. Italia.
Por ultimo, esta misma situación se repite al
analizar a las dos transportistas de gas natural que actúan en la argentina.
Entre el periodo 1993 y 2001
la Transportadora
de Gas del Norte y
la Transportadora
de
Gas del Sur registraron una tasa media de retorno sobre venta de
aproximadamente el 35%, mientras que en el plano internacional el margen de
rentabilidad para una empresa que presta este tipo de servicio ronda entre el
10% y el 20% de su facturación.
Así también estos márgenes desmesurados de
ganancias, teniendo en cuenta además el nulo riesgo empresarial de estas
empresas se puede explicar a partir del privilegiado entorno normativo y
regulatorio que delimito el desenvolvimiento de esta empresas durante los años
noventa, y que les permitió implementar, entre otras cosas, altas tarifas
desvirtuando todas las ventajas del sistema de regulación price cap.
Por lo tanto, los incrementos que tuvieron en la
productividad estas empresas, que implicaron una reducción de sus costos
operativos, no se tradujeron en una disminución de las tarifas, como sugiere la
metodología price cap a través del factor de eficiencia “X”. De esta forma, no
fue durante los años noventa la sociedad en su conjunto la que se benefició de
la disminución de los costos como consecuencia del aumento de la productividad,
sino tan solo el reducido grupo de empresarios, tanto de capital nacional como
de capital extranjero, que se hicieron cargo de las empresas públicas
privatizadas.
5) EL IMPACTO FISCAL Y EN
LA DEUDA EXTERNA
PÚBLICA DE LAS PRIVATIZACIONES:
Dos de los objetivos explícitos de las
privatizaciones realizadas en la década del noventa eran la reducción del
déficit fiscal la disminución de la deuda externa pública.
En este sentido, desde el punto de vista
fiscal, considerando los ingresos
fiscales y los egresos del sector público, el proceso de privatizaciones genero
efectos muy diversos.
En el caso de los ingresos podemos destacar los siguientes fenómenos:
-
Las privatizaciones tuvieron su principal impacto fiscal en los
ingresos en efectivo percibidos por el Estado como resultado de las
transferencias de las empresas, de tenencias accionarías o de determinadas
concesiones. Con respecto a este punto es importante destacar dos hechos
fundamentales: a) este ingreso es percibido por única vez por el Estado, es
decir, su efecto positivo es de corto plazo y b) por una gran parte de las
privatizadas el sector público no recibió ingresos en efectivo, sino que se
privatizó los activos públicos con capitalización de deuda externa, es decir, a
través del rescate de bonos externos emitidos en años anteriores. Además en
este punto es importante destacar que las empresas públicas fueron transferidas
al sector privado a un precio subvaluado, debido a que el valor presente de las
rentas futuras resultaron significativamente superiores a los precios pagados
por las asociaciones por los activos públicos. Por lo tanto, el Estado percibió
una cantidad de ingresos en efectivo mucho menor de los que realmente las
empresas públicas podían haberse vendido.
-
También se debe considerar los ingresos recibidos por el sector
público a través de los recursos tributarios originados en el pago de
impuestos, especialmente sobre las ganancias, por parte de las asociaciones que
se hicieron cargo de las empresas públicas privatizadas.
Desde el punto de vista de los egresos fiscales
debemos considerar los siguientes fenómenos:
-
El Estado se benefició como resultado de la supresión de los
déficits operativos de buena parte de las empresas públicas transferidas al
sector privado.
-
Se debe destacar los beneficios obtenidos por el sector público a partir
de la eliminación de los servicios de la deuda externa capitalizados en las
privatizaciones.
-
Contrariamente a los dos fenómenos anteriores el Estado se hizo
cargo del endeudamiento de las empresas privatizadas, un monto aproximado a los
20.000 millones de dólares; lo cual supone posteriores egresos fiscales en
concepto de amortización y servicios de dicha deuda. Para apreciar la
importancia de esta cifra debemos decir que el Estado nacional percibió un
total de 26.810 millones de dólares en concepto de privatizaciones entre 1991 y
2000.
Si bien el cálculo exacto del impacto fiscal
global de las privatizaciones es muy difícil de realizar, podemos concluir, sin
embargo, que a pesar del efecto positivo en el corto plazo del proceso de
privatizaciones en las cuentas del sector público, ese impacto se vio agotado
en el mediano y largo plazo. Este fenómeno se puede ver claramente observando
el comportamiento del déficits fiscal incluyendo los ingresos por
privatizaciones durante la década del noventa.
Cuadro Nº 3: Déficit fiscal incluidos los ingresos
por privatización, 1994-2000 (millones de dólares)
|
Año
|
Déficit fiscal incluido
los ingresos percibidos por el Estado por las privatizaciones de empresas
estatales.
|
1994
|
-4.708
|
1995
|
-8.241
|
1996
|
-8.927
|
1997
|
-3.112
|
1998
|
-7.217
|
1999
|
-12.753
|
2000
|
-9.657
|
Total
|
-54.615
|
Fuente: Basualdo, Eduardo; “Las reformas estructurales
y el Plan de Convertibilidad durante la década del noventa”. Realidad
Económica, Nº 200.
|
Como puede verse en el cuadro Nº 3 luego de
agotarse el efecto positivo de corto plazo del proceso privatizador, emerge
desde 1994 nuevamente y en forma creciente los problemas del déficit fiscal. De
esta manera, el primero de los objetivos explícitos de las privatizaciones, es
decir, la eliminación del déficit del Estado no se ha logrado. Por el
contrario, como puede verse en el cuadro, el déficit fiscal acumulado
incluyendo los ingresos logrados a partir de las transferencias de las empresas
públicas desde 1994 al 2000 fue de 54.615 millones de dólares.
Por lo tanto, lo que queda claro, nuevamente, es
que el impacto positivo de los ingresos percibidos por la transferencia de las
empresas públicas al sector privado termino diluyéndose con el transcurso de
los años noventa por la persistencia de desequilibrios estructurales en las
arcas públicas, debido a que estos ingresos extraordinarios no fueron
utilizados para realizar transformaciones de fondo de la economía argentina que
condujeran a una mejor situación en el largo plazo de las cuentas públicas.
Con respecto a la deuda externa pública, al
principio las privatizaciones permitieron su reducción como consecuencia de la
capitalización de deuda externa con la transferencia de las empresas públicas
al sector privado. Sin embargo, con esta variable sucedió lo mismo que con el
déficit fiscal. Es decir, si bien existió un efecto positivo inicial, éste se
vio diluido con el tiempo; y esto se puede observar analizando el
comportamiento de la deuda pública externa.
Cuadro Nº 4: Evolución de la deuda externa pública,
1991-2001 (millones de dólares).
|
Año
|
Deuda Externa Estatal
|
1991
|
52.739
|
1992
|
50.678
|
1993
|
53.606
|
1994
|
61.268
|
1995
|
67.192
|
1996
|
74.113
|
1997
|
74.912
|
1998
|
83.111
|
1999
|
84.750
|
2000
|
84.851
|
2001
|
88.259
|
Fuente: Basualdo, Eduardo: “Las reformas estructurales
y el Plan de Convertibilidad durante la década del noventa”. Realidad
Económica, Nº 200.
|
Como vemos en el cuadro Nº 4, en un primer
momento la deuda externa estatal disminuyó de 52.739 millones de dólares en
1991 a
50.678 millones de dólares
en 1992, debido al proceso de privatización, a través del rescate de bonos de
la deuda emitidos en años anteriores.
Sin embargo, a partir de ese año la deuda externa
pública creció de manera ininterrumpida durante toda la década del noventa,
llegando a 88.259 millones de dólares en el 2001. Esto es, se privatizaron
todas las empresas públicas y la deuda externa estatal no solo no disminuyó
sino que además se incremento en 35.520 millones de dólares entre 1991 y 2001.
En conclusión, el proceso de privatizaciones también fracaso en su segundo
objetivo explicito la reducción de la deuda externa del Estado.
6) LAS PRIVATIZACIONES Y
LA PROFUNDIZACIÓN DE
LA CONCENTRACIÓN DEL
CAPITAL:
Una de las consecuencias fundamentales del
proceso de privatización llevado a cabo en
la Argentina
durante los
años noventa fue la creciente oligopolización de diversos mercados, la
polarización del poder económico en un núcleo acotado y diversificado de
grandes conglomerados empresarios y la consolidación de mercados con ganancias
extraordinarias. En otras palabras, las privatizaciones profundizaron un
proceso que se venía produciendo en la economía argentina desde la dictadura
militar de 1976 con la instauración del modelo de valorización financiera, es
decir, la concentración económica.
En tal sentido, el proceso de privatización
permitió la consolidación estructural de un grupo reducido de empresarios que
al participar de las privatizaciones pasaron a controlar ciertos sectores
económicos que son vitales para el funcionamiento de la economía argentina.
Estos grupos económicos, como por ejemplo, Pérez Companc, Soldati, Techint,
Roggio, Macri, Loma Negra, entre otros participaron, como muestra el cuadro
Nº 5, prácticamente en la totalidad de los sectores públicos privatizados.
Cuadro Nº 5: Participación de los principales
conglomerados económicos en los distintos sectores privatizados a inicio de
la década del noventa.
|
Servicio
|
Astra
(Repsol)
|
Roggio
|
CEI
Citicorp
Holdings
|
Loma
Negra
|
Macri
|
Pérez
Companc
|
Soldati
|
Techint
|
Electricidad
(distribución)
|
*
|
|
*
|
*
|
|
*
|
|
*
|
Electricidad
(generación)
|
|
|
*
|
|
|
*
|
*
|
*
|
Electricidad
(transporte)
|
|
|
|
|
|
*
|
*
|
|
Gas
(distribución)
|
*
|
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
|
Gas
(transporte)
|
|
|
*
|
|
|
*
|
*
|
*
|
Telecomunicaciones
|
|
|
*
|
|
|
*
|
*
|
*
|
Transporte ferroviario
|
|
*
|
|
*
|
|
|
*
|
*
|
Otros
|
|
|
*
|
|
|
|
*
|
*
|
Fuente: Duarte, Marisa; “El Consenso de Washington y
su correlato en
la Reforma
del Estado en
la Argentina
:
los efectos de
la
Privatización
”; en Más Allá del Pensamiento único.
CLACSO/UNESCO.
|
Esta característica del programa de privatización
del país permitió a estos grupos económicos la diversificación de sus
actividades, insertarse en diferentes actividades consideradas como
estratégicas en la definición de la estructura de precios y rentabilidades
relativas de la economía y, como consecuencia
de los dos hechos anteriores, consolidarse como grupos hegemónicos en la
estructura del poder económico.
Con la transferencia de las empresas públicas al
sector privado se produjo un triple nivel de concentración del capital:
a)
En primer lugar, se generó un proceso de concentración del capital
en cada una de las empresas públicas privatizadas. Es decir, las tenencias
accionarías de las empresas transferidas por el Estado quedaron concentradas en
tres o cuatro firmas o grupos que conformaron la “comunidad de negocios”.
b)
En segundo lugar, se produjo también una fuerte concentración
de la propiedad en el plano sectorial como consecuencia que todas las áreas de
actividades involucradas en el programa de privatización quedaron en manos de
un grupo reducido de empresarios.
c)
En tercer lugar, considerando al proceso de privatización en
sí mismo también se manifiesta un alto nivel de concentración de la propiedad.
Es decir, un grupo acotado de empresarios pasaron a controlar un muy amplio y
diversificado grupo de empresas públicas
privatizadas. En otras palabras, prácticamente no existen empresas públicas
privatizadas en los años noventa en cuyo respectivos consorcios adjudicatarios
no se encuentren algunas de las principales empresas que actúan en el
país.
En este sentido, las causas principales de la
concentración del capital en el proceso privatizador deben buscarse en las
características asumidas por la desestatización llevada adelante la década de
los noventa.
En efecto, por un lado, la despreocupación total
al momento de privatizar por difundir y fragmentar la propiedad de las empresas
privatizadas. Por otro lado, en la generalidad de los casos se fijaron
patrimonios mínimos muy elevados para poder participar de las licitaciones, o
también los montos patrimoniales representaron en los diferentes concursos una
de las principales variables para la adjudicación de la empresa privatizada. De
esta manera, la capacidad patrimonial jugó un papel fundamental para ingresar a
la licitación o para la adjudicación de las empresas; favoreciendo en la
mayoría de los procesos la presencia de muy pocos oferentes.
Por ultimo, es importante analizar el impacto del
programa de privatización sobre el comportamiento de los empresarios. En este
sentido, podemos señalar tres estrategias empresarias diferentes y
complementarias al mismo tiempo:
1)
La estrategia de concentración: firmas que adquirieron empresas
públicas o tenencias accionarías de firmas que operaban en su mismo sector de
actividad.
2)
La estrategia de integración: firmas que adquirieron la
concesión de empresas públicas que suponen, de manera directa o indirecta, un
mayor grado de integración vertical u horizontal de sus actividades.
3)
La estrategia de diversificación: empresas que participaron
en los distintos procesos de privatización, permitiéndoles la diversificación
de sus actividades.
Resumiendo el programa de privatización trajo
aparejado una profundización de la concentración del capital y, con ello, la
consolidación hegemónica de un grupo reducido de grandes conglomerados
empresariales, quienes pasaron a controlar una gama muy diversa de actividades,
en muchos casos integradas vertical y/u horizontalmente; transfiriéndoles un
poder decisivo en la determinación de variables fundamentales como la
distribución del ingreso y la competitividad de los distintos sectores de
actividad.
7) EL IMPACTO DE LAS PRIVATIZACIONES EN EL MERCADO DE TRABAJO:
Es importante señalar la drástica disminución del porcentaje del
empleo de las empresas estatales en el empleo total del sector público. En
efecto, mientras que el empleo de las empresas estatales representaba el 36,11%
del empleo total del sector público en 1985, este porcentaje paso a ser del
21,35% en 1992 y en 1997 solo el 6,5%.
Obviamente la causa principal de esta disminución
fue el programa de privatizaciones. Con esto se produce la desaparición del
Estado empresario o generador de empleo productivo, que fue una de las
características más sobresalientes del sector público durante la
industrialización sustitutiva.
Como muestra el cuadro Nº 6, no solo
disminuyó el porcentaje de los puestos de trabajo creados por las empresas
estatales con respecto al empleo público, sino que además se produjo una
importante reducción del total del empleo de los servicios públicos privatizados.
En efecto, la reducción del empleo de las empresas de servicio público entre
1985 y 1998 fue casi del 70%.
Cuadro Nº 6: Primera Parte. Índice de empleo
desagregado por sector de actividad de las empresas de servicio público,
1985-1998 (1985=100).
|
Empresas
|
Fecha de transferencia
|
1985
|
1986
|
1987
|
1988
|
1989
|
1990
|
1991
|
1992
|
Telefonía
|
Nov-90
|
100
|
98,24
|
97,93
|
99,44
|
96,55
|
93,38
|
85,33
|
78,66
|
Correos
|
Nov-97
|
100
|
97,13
|
95,98
|
90,31
|
91,08
|
88,58
|
77,66
|
60,67
|
Transporte
Aéreo
|
Nov-90
|
100
|
97,75
|
97,37
|
98,21
|
102,18
|
103,21
|
91,02
|
78,83
|
Aguas y
Cloacas
|
Dic-92
|
100
|
98,36
|
97,89
|
98,38
|
97,08
|
87,03
|
87,03
|
83,91
|
Energía
Eléctrica
|
Jul-93
|
100
|
97,19
|
99,80
|
102,33
|
104,89
|
103,25
|
95,55
|
86,84
|
Transporte
Ferroviario
|
11/91 a 11/92
|
100
|
97,04
|
94,44
|
94,71
|
91,52
|
87,43
|
83,48
|
65,59
|
Gas
|
Dic-92
|
100
|
95,61
|
93,61
|
98,46
|
102,88
|
104,43
|
106,38
|
102,3
|
Total
|
|
100
|
97,33
|
96,09
|
96,01
|
94,76
|
91,55
|
85,32
|
71,97
|
Fuente: Duarte, Marisa; “El Consenso de Washington y
su correlato en
la Reforma
del Estado en
la Argentina
:
los efectos de
la
Privatización
”; en Más Allá del Pensamiento único.
CLACSO/UNESCO.
|
Cuadro Nº 6: Continuación. Índice de empleo
desagregado por sector de actividad de las empresas de servicio público,
1985-1998 (1985=100).
|
Empresas
|
1993
|
1994
|
1995
|
1996
|
1997
|
1998
|
Telefonía
|
73,47
|
66,86
|
64,42
|
59,33
|
50,30
|
47,89
|
Correos
|
60,67
|
50,44
|
45,73
|
45,80
|
51,25
|
39,89
|
Transporte
Aéreo
|
59,04
|
60,21
|
54,05
|
49,46
|
45,99
|
45,47
|
Aguas y
Cloacas
|
66,70
|
53,03
|
42,16
|
43,56
|
45,20
|
44,92
|
Energía
Eléctrica
|
50,48
|
44,64
|
40,49
|
37,03
|
33,16
|
31,44
|
Transporte
Ferroviario
|
21,87
|
19,37
|
15,78
|
15,79
|
15,16
|
15,29
|
Gas
|
57,18
|
55,45
|
55,09
|
54,05
|
53,01
|
50,17
|
Total
|
45,85
|
40,69
|
36,81
|
35,34
|
33,79
|
31,14
|
Fuente: Duarte, Marisa; “El Consenso de Washington y
su correlato en
la Reforma
del Estado en
la Argentina
:
los efectos de
la
Privatización
”; en Más Allá del Pensamiento único.
CLACSO/UNESCO.
|
Sin embargo, y como se observa en el cuadro Nº
6, la reducción del empleo según el sector de actividad varía tanto en el
momento de la disminución como en la intensidad de la misma. En efecto, podemos
observar los siguientes comportamientos desiguales del empleo en las distintas
empresas de servicio público:
-
En el sector de teléfonos se redujo el empleo entre 1985 y 1998 el
52,11%, es decir, disminuyo a más de la mitad la cantidad de sus trabajadores.
Con respecto al momento de la reducción se puede observar que el grueso de la
disminución se produjo entre 1990 y 1994, por lo tanto, el fuerte despido de
trabajadores en el sector telefónico se genero al principio de la privatización
a manos de Telefónica de Argentina y Telecom. (la privatización se llevo a cabo
en noviembre de 1990).
-
Con respecto al correo postal se observa una disminución gradual
del empleo durante todos los años hasta la abrupta caída producida entre 1997 y
1998 cuando se produce la privatización de este servicio público.
-
Por su parte, en el sector de transporte aéreo se ve claramente la
coincidencia entre la privatización y la reducción de empleo. Como se observa
en el cuadro, la empresa estatal de transporte aéreo incorporó trabajadores
hasta que se produjo su privatización en
1990. A
partir allí se
inicia el fuerte proceso de despido de su personal, donde el pico más abrupto
de expulsión de trabajadores se produjo entre 1991 y 1993, llegando a 1998 con
un 54,53% menos de trabajadores que en 1985.
-
En el sector de aguas y cloacas, la reducción de trabajadores entre
1985 y 1998 fue del 55,08%, teniendo una primera reducción importante entre
1989 y 1990, es decir, previo a su privatización que fue en diciembre de 1992,
y la segunda reducción fuerte se produjo con posterioridad a su transferencia
al sector privado y fue entre 1994 y 1997.
-
El sector de energía eléctrica es uno de los ejemplos más claros
donde el Estado se encargó de despedir al personal para luego realizar la
privatización, es decir, el sector público realizo el “trabajo sucio” de la
expulsión de los trabajadores. En efecto, mientras la privatización de este
servicio público se produjo en julio de 1993, la fuerte reducción del personal
se llevo a cabo entre 1992 y 1993, manteniéndose posteriormente la tendencia
decreciente de empleados pero con mucho menos intensidad.
-
Los ferrocarriles, por su lado, se convirtieron en el sector más
emblemático de la expulsión de manos de obra, llegando a 1998 con un 84,71%
menos de trabajadores que en 1985. Al igual que en el sector de la energía
eléctrica, en el ferroviario se generó la mayor cantidad de despido en el
periodo inmediato previo a la transferencia al sector privado llevada a cabo en
1992; convirtiéndose, incluso, en el sector que expulsó a la mayor cantidad de
trabajadores antes de la privatización. En efecto, en 1993 el empleo en el
transporte ferroviario se redujo en el 78,13% en comparación a 1985.
-
De la misma manera que en los sectores de aeronavegación, el sector
gasifero aumento la cantidad de empleados hasta el momento de su privatización
producida en diciembre de
1992.
A
partir de la transferencia de este sector a manos
privadas se inicio la drástica reducción de los trabajadores, llegando a 1998
con un 49,83% de trabajadores menos que en 1985.
Como conclusión, podemos observar dos situaciones
muy diferentes con respecto a la reducción del empleo en las empresas de
servicios públicos.
En algunos casos la disminución de trabajadores
en estas firmas se produce en el periodo inmediato anterior a la privatización,
siendo el Estado quien realiza el “trabajo sucio”; esta situación se da por
ejemplo en los sectores de aguas y cloacas y los ferrocarriles, pues las
empresas públicas una vez que fueron declaradas “sujetas a privatización” en
los primeros años de la década del noventa, pasaron por un periodo de
reestructuración, que significó un proceso de “racionalización” del personal,
el cual fue llevado a cabo por el mismo Estado. Por tal motivo, la gran
disminución del volumen de empleo de las empresas de servicios público se
produjo entre 1991 y 1992, periodo previo a las privatizaciones. Es importante
destacar, sin embargo, que a pesar que la fuerte reducción de los trabajadores
se produjo cuando todavía eran empresas públicas, la disminución de personal
prosiguió con posterioridad a las respectivas transferencias al sector privado.
Con respecto a este tema hubo sectores que
directamente iniciaron la drástica disminución de los trabajadores una vez
privatizadas, como es el caso de el sector gasifero, el sector telefónico y el
de aeronavegación. Por eso luego de la gran reducción de trabajadores en las
empresas de servicio público que se produjo entre 1991 y
1992, a
partir de 1993 se
continuó con un proceso gradual pero sistemático de disminución del empleo.
Pero más allá de estas diferentes estrategias, el
resultado fue el mismo en todas las empresas privatizadas: la reducción de la
cantidad de empleados. Por eso que se puede concluir que si bien el programa de
privatización se realizo predominantemente entre 1992 y 1993, la disminución de
empleados en estas empresas comenzó antes y se mantuvo durante los años
siguientes a las privatizaciones, siendo este fenómeno una de las
características principales del programa privatizador argentino.
Esta misma conclusión se puede observar también
en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 7: Primera parte. Volumen de empleo total
desagregado por sector de actividad de las empresas de servicio público,
1985-1998 (en valores absolutos).
|
Empresas
|
1985
|
1986
|
1987
|
1988
|
1989
|
1990
|
1991
|
Telefonía
|
47.088
|
46.261
|
46.115
|
46.823
|
45.463
|
43.973
|
40.179
|
Correos
|
41.484
|
40.292
|
39.815
|
37.645
|
37.784
|
36.747
|
32.215
|
Transporte
Aéreo
|
10.561
|
10.323
|
10.283
|
10.372
|
10.791
|
10.900
|
9.613
|
Agua y
Cloacas
|
9.625
|
9.494
|
9.448
|
9.496
|
9.370
|
8.400
|
8.400
|
Energía
Eléctrica
|
21.745
|
21.134
|
21.702
|
22.251
|
22.809
|
22.451
|
20.778
|
Transporte
Ferroviario
|
102.941
|
99.897
|
97.218
|
97.500
|
94.216
|
90.000
|
85.936
|
Distribución de Gas
|
9.883
|
9.449
|
9.251
|
9.731
|
10.168
|
10.321
|
10.514
|
Total
|
243.354
|
236.850
|
233.832
|
233.638
|
230.601
|
222.792
|
207.635
|
Fuente: Duarte, Marisa; “El Consenso de Washington y
su correlato en
la Reforma
del Estado en
la Argentina
:
los efectos de
la
Privatización
”; en Más Allá del Pensamiento único.
CLACSO/UNESCO.
|
Cuadro Nº 7: Continuación. Volumen de empleo total
desagregado por sector de actividad de las empresas de servicio público,
1985-1998 (en valores absolutos).
|
Empresas
|
1992
|
1993
|
1994
|
1995
|
1996
|
1997
|
1998
|
Telefonía
|
37.041
|
34.597
|
31.484
|
30.336
|
27.939
|
23.683
|
22.550
|
Correos
|
25.169
|
25.169
|
20.926
|
18.969
|
19.000
|
21.261
|
16.548
|
Transporte
Aéreo
|
8.325
|
6.235
|
6.325
|
5.708
|
5.223
|
4.857
|
4.802
|
Agua y
Cloacas
|
8.099
|
6.438
|
5.118
|
4.069
|
4.204
|
4363
|
4.336
|
Energía
Eléctrica
|
18.883
|
10.976
|
9.707
|
8.805
|
8.053
|
7.210
|
6.837
|
Transporte
Ferroviario
|
67.521
|
22.517
|
19.943
|
16.244
|
16.250
|
15.609
|
15.739
|
Distribución de Gas
|
10.116
|
5.651
|
5.480
|
5.445
|
5.342
|
5.239
|
4.958
|
Total
|
175.154
|
111.583
|
99.017
|
89.576
|
86.011
|
82.222
|
75.770
|
Fuente: Duarte, Marisa; “El Consenso de Washington y
su correlato en
la Reforma
del Estado en
la Argentina
:
los efectos de
la
Privatización
”; en Más Allá del Pensamiento único.
CLACSO/UNESCO.
|
Como nos muestra el cuadro Nº 7, mientras
que los empleados de las empresas estatales seleccionadas en valores absoluto
eran 243.354 en 1985, en 1998 esta cantidad se redujo a 75.770 trabajadores en
total. Visto de otra manera, mientras que en 1985 el empleo de las empresas de
servicio público explicaban 2,33 puntos de
la Población Económicamente
Activa (P.E.A.), en 1998 ese porcentaje se redujo al 0,1% de la misma.
Desde cualquier punto de vista se llega siempre a
la misma conclusión: las empresas públicas privatizadas se convirtieron en
expulsoras de manos de obra, contribuyendo de manera central en la
consolidación de uno de los flagelos sociales que azotó a la sociedad argentina
principalmente a partir de la década del noventa, es decir, la desocupación.
Dicho de otra forma, la fuerte reducción de los
trabajadores en las empresas de servicios públicos privatizados fue una de las
causas fundamentales que indujeron al abrupto incremento de la tasa de
desocupación que paso del 6% de
la
P.E
.A. en 1985 al 18% de la misma en 1995. En particular,
existe una simultaneidad entre la “racionalización” realizada por el Estado en
el periodo previo al proceso de privatización y el exorbitante aumento del
desempleo. En efecto, mientras que entre 1990 y 1993 se produce la gran caída
de trabajadores en las empresas de servicios públicos, por el otro lado, a
partir de 1992 la tasa de desempleo inicia su fuerte escalada para luego
alcanzar en 1995, como dijimos, el 18% de
la P.E
.A..
En este sentido es importante destacar que una
parte del efecto de la reducción del empleados en las empresas públicas sobre
la desocupación fue producido con cierto
retraso como consecuencia del pago de las indemnizaciones, el cual fue
destinado por los cesanteados para iniciar actividades por cuenta propia. De
esta manera, se disminuyó en forma parcial el aumento de la tasa de
desocupación hasta 1993, cuando muchas de estas actividades cuentapropistas
fracasaron; incrementando masivamente al desempleo.
8) LAS PRIVATIZACIONES Y EL MODELO DE
VALORIZACIÓN FINANCIERA: FUGA DE CAPITALES, RUPTURA DE LA “COMUNIDAD DE
NEGOCIOS” Y FIN DE
LA
CONVERTIBILIDAD
:
Por ultimo, el proceso de privatización también quedó subordinado a
la valorización financiera, transformándose en uno de los factores más
importante de la inédita exacerbación de la fuga de capitales al extranjero
durante el Plan de Convertibilidad.
Durante los años noventa volvió a funcionar el modelo clásico de
valorización financiera que había existido durante la dictadura militar y que
explica gran parte de la fuga de capitales, es decir, el diferencial entre las
tasas de interés interna y las internacionales. De nuevo, como en el gobierno
militar de 1976, durante esta década el endeudamiento externo privado se
utilizo para valorizarlo en el sistema financiero local gracias a dos
condiciones que también existieron durante la dictadura militar. a) la
diferencia a favor de la tasa de interés interna con respecto a la tasa de
interés internacional y b) el seguro de cambio debido a la caja de conversión
instaurada a principio de la década del noventa. Luego de esta valorización
financiera los sectores dominantes fugaban los recursos al extranjero.
Durante este período el proceso de privatización
funciono como un factor que sobredetermino el funcionamiento clásico de la
valorización financiera, contribuyendo, como dijimos, al gran incremento de la
fuga de capitales por parte de la fracción dominante local. Para poder entender
la relación entre el proceso de transferencia de las empresas públicas al
sector privado y la fuga de recursos al exterior debemos distinguir dos etapas
con características diferentes respecto al
comportamiento de la fuga de capitales y su relación con el programa
privatizador.
Desde 1991 hasta 1994, como vemos en el cuadro
Nº 8, se produce una disminución o eventual retorno de recursos fugados al
extranjero.
Cuadro Nº 8: Evolución de los capitales locales
radicados en el exterior, 1991-2001 (millones de dólares).
|
AÑO
|
Stock de capitales
locales en el extranjero
|
1991
|
54.936
|
1992
|
55.096
|
1993
|
60.332
|
1994
|
68.167
|
1995
|
83.884
|
1996
|
96.206
|
1997
|
112.207
|
1998
|
118.383
|
1999
|
124.455
|
2000
|
131.892
|
2001
|
137.805
|
Fuente: Basualdo, Eduardo; “Las reformas estructurales
y el Plan de Convertibilidad durante la década de los noventa”. Realidad
Económica, Nº 200.
|
Esto se debe a que, como dijimos, en la compra de los activos
públicos participaron el capital concentrado interno, formando la “comunidad de
negocios” con los acreedores externos, que fueron quienes fugaron en los años
anteriores gran parte de sus recursos al extranjero. Por lo tanto, se generó
una repatriación de una parte de los capitales fugados con el objetivo de
participar en la compra de los activos públicos, es decir, para integrarse al
programa de privatizaciones.
Sin embargo, a partir de 1994 se puede observar
una segunda etapa caracterizada por un brutal incremento en la fuga de
capitales al exterior. Incluso los promedios anuales registrados entre 1994 y
finales de la década de la fuga de
capitales fue mayor que los promedios registrados durante la dictadura militar.
Los mayores promedios registrados durante los
años noventa en comparación con la dictadura militar de 1976 se debió
fundamentalmente a la subordinación del proceso de privatización a la
valorización financiera. En otras palabras, la inédita reactivación de la fuga
de capitales a partir de 1994 no se debió únicamente al mayor valor de la tasa
de interés interna con respecto a la internacional, sino que se agregó el
proceso de transferencia del paquete accionario de las empresas privatizadas,
de los grupos económicos locales al capital extranjero, es decir, la disolución
de las asociaciones que se habían constituido para participar del programa de
privatizaciones y que había sido uno de los factores fundamentales para
aminorar las contradicciones del sector dominante que nos había conducido a la
crisis hiperinflacionaria iniciada a finales de los años ochenta.
En efecto, a partir de 1995 comenzó a producirse
transferencia de propiedad que involucró en grado diferente al capital de
numerosas empresas privadas, entre las cuales se encontraban varias de las asociaciones que participaron
en la privatización de las empresas públicas. Los grupos económicos locales
fueron quienes vendieron sus activos físicos y se volcaron hacia los activos
financieros principalmente en el exterior, dando como resultado, junto con el
diferencial de la tasa de interés, una importante reactivación de la salida de
recursos al extranjero.
Esta fracción del sector dominante tuvo una
creciente influencia en la economía argentina al principio de la década como
resultado del crecimiento de sus activos fijos, debido principalmente a su
participación en la “comunidad de negocios” que se hizo cargo de las empresas
públicas privatizadas, lo cual provoco una alteración de la composición de su
capital, incrementándose la importancia relativa de sus activos fijos y
disminuyendo en forma paralela la de sus activos financieros. Este fenómeno se
encuentra íntimamente relacionado con el otro proceso mencionado anteriormente:
la repatriación por parte de los grupos económicos locales de una parte
significativa de los recursos fugados al exterior en el momento que se produjo
el proceso privatizador.
Sin embargo, y como resultado de la transferencia
de su capital dentro de las asociaciones, la situación de los grupos económicos
locales se modifico drásticamente a partir de mediados de los años noventa. Se
generó un fuerte retroceso de su presencia dentro de los consorcios, tanto de
los que participaron en las privatizaciones como de aquellas desvinculadas de
este programa,. Dicha transferencia se produjo principalmente hacia el capital
extranjero, tanto conglomerados extranjeros como empresas transnacionales;
dando lugar a un fuerte proceso de extranjerización de la economía
argentina.
Este proceso de transferencia de propiedad fue
acompañado por una acelerada salida de recursos al extranjero. Por lo cual, nos
permite concluir que los grupos económicos locales utilizaron la gran cantidad
de dinero recibido como resultado de la transferencia de sus paquetes
accionarios para fugarlos al exterior; manteniendo, de esta forma, su poder
económico pero con una nueva modificación de su capital contraria a la
producida al inicio de los años noventa, es decir, disminuyendo en forma
relativa sus activos fijos e incrementando sus activos financieros, principalmente los radicados en el extranjero.
Por otro lado, y explicando la cuantiosa suma que
esta fracción del sector dominante fugó al exterior, debemos recordar que el
capital fijo transferido por los grupos económicos locales eran firmas o
consorcios con una rentabilidad elevada y creciente a lo largo del tiempo, debido
a que las empresas publicas que adquirieron los consorcios formados por grupos económicos locales y capital extranjero eran monopolios u
oligopolios con mercados cautivos y marcos regulatorios deficientes, situación
que permitía a las asociaciones, como señalamos anteriormente, imponer sus
intereses en la estructura de precios relativos.
Estos factores permitieron una acelerada
revaluación patrimonial en términos económicos de las empresas privatizadas.
Debemos agregar que los consorcios se hicieron cargo de las empresas estatales
pagando un precio subvaluado. Por lo tanto, los montos percibidos por los
grupos económicos locales al transferir su propiedad al capital extranjero
fueron muy significativos.
Esta decisión vendedora de la fracción local del
sector dominante se unió con la voluntad de compra por parte del capital
extranjero debido a la gran rentabilidad que aseguraban estas inversiones, por
los mismo motivos que permitieron anteriormente una gran revaluación
patrimonial en términos económicos de dichas empresas.
Este fenómeno, sumado al diferencial de las tasa
de interés explica el abrupto incremento de la fuga de recursos al exterior,
llegando el stock de capitales locales en el exterior en 1999, cuando finalizo
el gobierno de Menem, al monto de 124.455 millones de dólares, cuando en 1994
era de 68.167 millones de dólares.
Sin embargo, las consecuencias de la
transferencia del capital en las asociaciones por parte de los grupos locales a
la fracción extranjera no se
circunscribe solamente al aumento de la fuga de capitales al extranjero; sino
que también reavivó las contradicciones del sector dominante, que van a jugar
nuevamente un papel fundamental en el desarrollo de la crisis del modelo de
Convertibilidad, al llevar al centro del debate la continuidad o no de este
plan que se había iniciado a principio de los noventa. Efectivamente las dos
fracciones principales que se formaron a partir de la ruptura de la “comunidad
de negocios” eran:
1)
El grupo de los “dolarizadores” integrado por empresas transnacionales y conglomerados extranjeros, como consecuencia
del gran incremento de sus activos fijos en la economía argentina al adquirir
el capital vendido por los grupos económicos locales, apoyaban la continuidad
del tipo de cambio fijo, incluso presionando para la dolarización de la
economía con la consecuente desaparición del peso argentino. Esta posición del
capital extranjero se debió a que una devaluación de la moneda nacional les
provocaría una perdida del capital en términos de dólares.
2)
El grupo de los “devaluacionistas” integrado por los grupos
económicos locales que vendieron, como explicamos, gran parte de sus activos
físicos y los convirtieron en activos financieros dolarizados, los cuales gran
parte se encontraban en el extranjero. Por lo tanto, una devaluación del tipo
de cambio les implicaba una ganancia de capital en términos de pesos. A esto
debemos agregarle que la fracción local del sector dominante había concentrado
sus activos físicos en la economía argentina en sectores productivos con
ventajas comparativas naturales, es decir, orientadas al mercado externo. Por
tal motivo una devaluación del tipo de cambio también los beneficiaba al
generar un importante incremento de las exportaciones.
Así es como a fines de la década del noventa se gestaron en la
economía argentina nuevas contradicciones del sector dominante al romperse las
asociaciones que se habían constituido a principio de los años noventa para
participar del programa privatizador y que permitieron articular los distintos intereses
de las diferentes fracciones del sector, consiguiendo superar las crisis
hiperinflacionaria.
Sin embargo, la ruptura de la homogeneidad del
sector dio lugar a una nueva contradicción distinta a la de finales de los años
ochenta. En efecto, mientras que la disputa que nos condujo a la crisis
hiperinflacionaria se dio entre los empresarios que actuaban en la economía
nacional y los acreedores externos que reclamaban el pago de su deuda; la nueva
contradicción de finales de los años noventa se dio entre el capital
extranjero, a favor de la dolarización , y los grupos económicos locales,
quienes presionaban para la devaluación de la moneda nacional.
El fin de
la Convertibilidad
y
la devaluación del tipo de cambio, es decir, el triunfo de los “devaluacionistas”
radicó en que la caja de conversión se estaba tornando insostenible debido
principalmente que a partir de 1998 empezó a existir restricciones
internacionales a nuevos financiamientos externos y, por otro lado, en que la devaluación del tipo de
cambio se sustentaba no solo sobre los intereses de los grupos económicos
locales sino también de la oligarquía agropecuaria argentina que también se
beneficiaba con el fin de
la
Convertibilidad
debido al incremento de sus exportaciones.
Los efectos de la devaluación tuvieron importante
repercusiones, de las cuales podemos destacar dos:
-
Primero las perdidas patrimoniales que implicaron sobre el capital
extranjero operó sobre un stock de inversiones de aproximadamente 120.000
millones de dólares.
-
Segundo las ganancias de la fracción dominante que impulso la
devaluación del tipo de cambio estaban vinculadas, por un lapo, con el stock de
los capitales fugados al exterior que en el momento de la devaluación en el
2001 alcanzaban aproximadamente el monto de 140.000 millones de dólares y, por
el otro lado, por los ingresos corrientes en dólares recibidos como resultado
del aumento de las exportaciones.
Pero siempre, desde la interrupción del modelo de
industrialización sustitutiva y la instauración de la valorización financiera a
partir de la dictadura militar de
1976, a
pesar que las crisis se desatan como
consecuencia de las contradicciones de las distintas fracciones del sector
dominante, terminan perjudicando de manera notable a los sectores populares a
través de un nuevo proceso de concentración del ingreso.
9) CONCLUSIONES:
Hacia fines de los años ochenta y principios de
los noventa el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional produjeron, a
partir de los fundamentos neoliberales, un conjunto de propuestas de política
económica que fueron sistematizadas bajo la denominación de Consenso de
Washington; estableciendo un conjunto de instrumentos de políticas destinadas a
resolver los problemas de inestabilidad de las economías latinoamericanas. Entre
las políticas recomendadas por el Consenso de Washington se encuentran las
siguientes:
a)
Disciplina fiscal: El déficit presupuestario, que incluye a los
gobiernos provinciales, empresas del Estado y el Banco Central, debería ser lo
suficientemente pequeño para ser financiado sin tener que recurrir al impuesto
inflacionario. Esto generalmente implica
un superávit primario (es decir, sin incluir el gasto por los servicios de la
deuda) de varios porcentajes del Producto Bruto Interno, y un déficit operativo
que no supere los 2% del Producto Bruto Interno.
b)
Prioridades del Gasto Público: El gasto público debería
trasladarse desde las áreas políticamente sensibles que son las que típicamente
reciben más recursos de las que su retorno económico pueden justificar, como
por ejemplo, la administración, la defensa, los subsidios indiscriminados;
hacia áreas descuidadas con un alto retorno económico y con potencial para
mejorar la distribución del ingreso, como por ejemplo, la salud, la educación y
la infraestructura.
c)
Reforma Impositiva: Implica ampliar la base impositiva y recortar el
valor de las tasas marginales. El objetivo es incentivar y mejorar la equidad
horizontal del sistema tributario sin que afecte el progreso conseguido. La
mejora de la administración impositiva (incluyendo impuestos sobre los
intereses de los capitales en el extranjero –“flight capital”) constituye un
aspecto importante en el contexto Latinoamericano.
d)
Liberalización financiera: El objetivo ultimo es la determinación de
las tasas de interés por parte del mercado, pero la experiencia ha demostrado
que, bajo condiciones de una falta crónica de confianza, las tasas determinadas
por el mercado pueden ser tan altas que amenacen la solvencia financiera de las
empresas productivas y del gobierno. Bajo estas circunstancias un objetivo
intermedio es la abolición de las tasas de interés preferenciales para clientes
privilegiados y lograr una tasa de interés real moderadamente positiva.
e)
Tipo de cambio: Los países necesitan una unificación (al menos para
las transacciones comerciales) del tipo de cambio colocándola a un nivel
suficientemente competitivo para inducir un rápido crecimiento en las
exportaciones no tradicionales, y un manejo del tipo de cambio que asegure a
los exportadores que esta mayor competitividad va a ser mantenida en el futuro.
f)
Liberalización del comercio: Las restricciones
comerciales cuantitativas deberían ser rápidamente reemplazadas por aranceles,
y éstos deberían ser reducidos progresivamente hasta alcanzar un bajo arancel
uniforme del orden del 10% (o como máximo alrededor del 20%). Sin embargo,
existen ciertos desacuerdos acerca de la velocidad a la que deben reducirse los
aranceles (con recomendaciones que van desde
3 a
10 años) y sobre si es
aconsejable frenar el proceso de liberalización cuando las condiciones
macroeconómicas son adversas (recesión y déficit en la balanza de pagos).
g)
Inversión Extranjera Directa: Las barreras que impiden
la entrada de empresas extranjeras deberían ser abolidas; las empresas
nacionales y las empresas extranjeras deberían competir en igualdad de
condiciones.
h)
Privatización: Las empresas del Estado deberían ser
privatizadas.
i)
Desregulación: Los gobiernos deberían abolir las regulaciones
que impiden la entrada de nuevas empresas o restrinjan la competencia, y
asegurar que todas las regulaciones estén justificadas por criterios tales como
la seguridad, la protección ambiental o la supervisión prudente de las
instituciones financieras.
j)
Derecho de propiedad: El sistema legal debería proporcionar seguridad
para el derecho de propiedad sin costos excesivos, y hacerla disponible para el
sector informal.
Este conjunto de políticas neoliberales recomendadas por los
organismos internacionales a las economías Latinoamericanas se circunscriben a
la idea general que los mercados son más eficientes y justos que las
intervenciones del Estado a la hora de distribuir la riqueza de un país.
Retoman, de esta manera, la idea central
desarrollada por Adam Smith de la “mano Invisible”: cada individuo buscando su propio beneficio
logra colaborar con algo que él no buscaba, es decir, contribuye con el
bienestar general. Los neoliberales a este fenómeno lo denominan efecto
“derrame”, lo cual implica que al realizarse todas las reformas estructurales
recomendadas en el Consenso de Washington generarían un importante crecimiento
económico que terminarían beneficiando a toda la población como resultado del
“derrame” de la riqueza a los sectores más vulnerable de la sociedad. En este
sentido, para Adam Smith y los neoliberales, el interés individual coincide con
el interés general y, por lo tanto, no existe la necesidad de una institución
que represente la voluntad general, como por ejemplo el Estado.
Como dijimos, las políticas neoliberales fueron
impulsadas con especial énfasis en
la Argentina
a partir del gobierno de Menem en los
primeros años de la década del noventa, retomando los ejes estratégicos del
gobierno militar de 1976 y las recomendaciones del Consenso de Washington; y
donde el programa de privatización se transformo en uno de los ejes
fundamentales de dichas políticas.
Sin embargo, al analizar las consecuencias de las
transferencias de las empresas estatales al sector privado se observa la falta
de validez de uno de los principios fundamentales con los que se justificó el
proceso de desestatización de la economía argentina, es decir, que conllevaría,
al estilo de la “mano invisible”, un significativo crecimiento en la
productividad que no tardaría en
beneficiar al conjunto de la sociedad , especialmente a los sectores de menores
recursos.
Por el contrario, y en función de lo expuesto
anteriormente, las privatizaciones en lugar de producir un efecto “derrámeme”
generaron un efecto “aspiradora” de recursos hacia los sectores dominantes a
través de una ingente y creciente masa de ganancias extraordinarias; mientras
que las demandas de los sectores sociales mas desprotegidos fueron relegadas
cada vez más a un segundo plano, debido a que las privatizaciones, y el
conjunto de políticas neoliberales, contribuyeron al incremento de la tasa de
desocupación, la precarización de la mano de obra ocupada, la regresividad en
materia de distribución del ingreso y, como consecuencia de todo esto, a la
pobreza y marginación de amplios sectores
de la población.
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